Caso Infraestructuras

Las sospechas de irregularidades en Infraestructuras se extienden a facturas de enero a octubre

Las sospechas de irregularidades halladas en nuevas facturas del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba correspondientes a este año 2022 se extienden a facturas que han sido emitidas desde enero hasta octubre, según ha podido confirmar Cordópolis.

Hasta el momento, se ha puesto el foco sobre doscientas facturas de menos de 500 euros cada una, umbral económico a partir del cual se habían reforzado los controles para evitar presuntos fraudes como los que se investigan ya en los tribunales en contratos en el denominado 'caso Infraestructuras'.

El gobierno municipal aprobó en diciembre del año pasado unas nuevas instrucciones que suponían un mayor control sobre los contratos menores de 3.000 euros. Se ordenó entonces que los contratos de 500 a 3.000 euros también tuvieran que ofrecerse a tres empresas para que presentaran sus ofertas y no a una sola.

Asimismo se modificó la estructura de altos cargos del área de Infraestructuras, con una nueva dirección general. Las fuentes consultadas explican que al revisar las facturas pendientes de pago de este año, se han hallado hasta doscientas de menos de 500 euros, sospechando que pudieran haberse hecho con tal montante para evitar los controles establecidos. Si en un primer momento el gobierno municipal informó de que las presuntas irregularidades se habían detectado en facturas del mes de septiembre, las sospechas y la revisión de las mismas se ha extendido a facturas emitidas entre enero y octubre de este año.

Al analizar dichas facturas, los responsables del área de Infraestructuras señalan que hay “serias dudas de que la prestación de servicios se hubiera llevado a cabo”, es decir, que se hubiera ejecutado aquello por lo que se había emitido la factura para el pago por parte del Ayuntamiento. Entre el personal del área no se ha constatado que efectivamente se hubiera ejecutado la prestación del contenido de esas facturas, según dio a conocer el teniente de alcalde de Infraestructuras, Antonio Álvarez.

Información recogida por la Policía

Con todo ello, el gobierno local ha ordenado a la Asesoría Jurídica municipal que abra una investigación reservada acerca de estas facturas, de manera que si de constatan irregularidades, se abra expediente disciplinario a los responsables.

Junto a ello, estas presuntas irregularidades han sido puestas en conocimiento de la Policía Nacional. Como avanzó este periódico, los agentes se personaron el pasado miércoles 2 de noviembre en las instalaciones municipales para requerir información de los contratos de 2020 a solicitud del juez que investiga el primer 'caso Infraestructuras'.

Pero, además, en ese momento se le trasladó a la Policía Nacional las sospechas halladas sobre las nuevas facturas de este año 2022, ya que algunas de las empresas que las emitían coinciden con las que están siendo investigadas en el juzgado.