La Intervención advierte de unos “gastos desbocados” en personal en Aucorsa

La Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba ha emitido un informe sobre el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2026, poniendo el foco en la empresa municipal de autobuses Aucorsa, donde ha detectado un “crecimiento desbocado” de los gastos de personal.

El informe de fiscalización, que analiza el proyecto de Presupuesto General aprobado por la Junta de Gobierno Local este martes, señala que esta circunstancia se viene advirtiendo “ejercicio tras ejercicio” hasta el punto de haber determinado el inicio de actuaciones de control financiero que actualmente se están sustanciando.

La Intervención General detalla que los gastos de personal de Aucorsa han experimentado un notable incremento desde antes de la pandemia. Para el ejercicio 2026, se presupuesta un crecimiento, pasando de una previsión de cierre de 25,9 millones de euros en 2025 a 26,36 millones de euros. Los sueldos y salarios específicamente subirían de 19,3 millones de euros (previsión de cierre de 2025) a 20,03 millones de euros en 2026, lo que representa una subida del 8,9%.

Este crecimiento se observa a pesar de que para 2025, al no existir Ley de Presupuestos Generales (LGP), “ningún incremento salarial debiera haberse producido”, por lo que se desconoce la justificación legal de estos incrementos, ya sea por aplicación del Convenio, incorporación de personal (tasa de reposición) o mayor volumen de horas extraordinarias.

El órgano de control relaciona este notable incremento con las modificaciones del Convenio Colectivo de Aucorsa en 2022 y la nueva aprobación en 2025, las cuales han rebajado el número de horas de la jornada laboral. La consecuencia de esta rebaja es que el exceso de horas trabajadas se paga como horas extraordinarias en lugar de ordinarias, lo que a juicio de la Intervención, constituye una “subida salarial encubierta prohibida por las limitaciones de la LGP” y un posible perjuicio económico para la sociedad.

Un informe definitivo de auditoría emitido en mayo de 2024 ya concluyó que el convenio colectivo no se ajusta íntegramente a la legalidad aplicable y que los incrementos de gastos de personal producidos en 2022 no eran procedentes desde el punto de vista legal, afectando “muy significativamente” a la viabilidad y sostenibilidad económico-financiera de la sociedad.

Además, la Intervención manifiesta “auténtico estupor” porque, a pesar de este control financiero, no solo no se haya aprobado el Plan de Acción que la ley exige para atender las recomendaciones, sino que se aprueba un nuevo convenio colectivo que “incide aún mas en las irregularidades”, sostiene en un duro informe.

Este aumento de costes de personal se traduce en un incremento también ingente de las transferencias municipales. Para 2026, las transferencias corrientes destinadas a Aucorsa pasarían de 20,76 millones de euros en 2025 a 24,51 millones de euros, un aumento del 18%.

Advertencias “desde tiempos inmemoriales”

En el análisis de las sociedades mercantiles dependientes, la Intervención reitera, “desde tiempo ya inmemorial”, la ausencia de un instrumento jurídico adecuado (como un convenio, acuerdo marco, contrato-programa o encargo) que regule las relaciones financieras entre el ente matriz (Ayuntamiento) y las sociedades dependientes.

La Intervención concluye que la falta de un estudio de costes y de instrumentos que justifiquen estas cifras se repite año tras año, y es imprescindible conocer el coste de la prestación de los servicios para analizar si el incremento de las transferencias (ya sean corrientes o de capital) se debe a un mayor volumen de servicio o simplemente a un incremento de los costes (como los de personal) por encima de lo permitido.

Además de Aucorsa, la Intervención también señala la falta de justificación para el incremento de transferencias de capital en otras sociedades. Por ejemplo, en Sadeco se incluyen transferencias de capital por tres millones de euros, lo que supone un incremento de 500.000 euros respecto a 2025.

Finalmente, la Intervención General insta a los máximos responsables de las sociedades a la “estricta observancia de estos preceptos legales”, advirtiendo de las consecuencias, incluida la posible responsabilidad contable, de no adoptar las medidas necesarias para evitar la incidencia de estas deficiencias en la gestión mercantil y la sostenibilidad de las empresas.

La Junta de Gobierno aprobó este martes definitivamente los presupuestos del Ayuntamiento. A grandes cifras, el presupuesto consolidado es de 595,7 millones de euros en ingresos y 594,9 millones en gastos, con un incremento del 1,45% respecto al ejercicio anterior.

El presupuesto del Ayuntamiento alcanza los 444,2 millones de euros, un 0,21% más que en 2025, y la inversión prevista alcanza 30,3 millones, a los que se añadirán los 12 millones de fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), cuando sean definitivos. De las inversiones, 13,5 millones van a ser gestionados directamente por las delegaciones municipales y 16,8 millones van a transferencias de capital para las empresas y organismos autónomos.