El Gobierno habilita a que el Ayuntamiento cobre un peaje por acceder en coche al centro

Como en Londres o en París: si tienes un coche que contamine lo más probable es que tengas que pagar una tasa específica por circular, a partir del año 2023, por determinadas zonas de Córdoba. El Gobierno ya tiene listo el borrador de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que ciudades de un tamaño como el de Córdoba están obligadas a diseñar. El objetivo es que en 2023 ciudades medias de toda España (aquellas de más de 100.000 habitantes) tengan una zona en la que solo puedan entrar vehículos que no contaminen. O que contaminen muy poco.

Pero la novedad es que si el Ayuntamiento de Córdoba quiere podrá tener en su mano una herramienta fundamental: que el que contamine pague. El borrador prevé que el Consistorio pueda fijar una especie de peaje a los vehículos contaminantes que quieran entrar o salir de estas zonas. Ese dinero se tendría que invertir de manera directa en políticas de movilidad sostenible. Es decir, podrían financiar las obras de peatonalización de más calles, cubrir el déficit de Aucorsa o la ampliación de la red de carriles bici, por ejemplo.

Las zonas de bajas emisiones son un mandato de la ley climática aprobada el pasado 13 de mayo, que afecta a 149 ciudades donde viven más de 25 millones de personas. Transición Ecológica prepara una guía para la implementación de esta medida que deja claras las obligaciones: cada zona debe contribuir a la "mitigación del cambio climático", es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, también tienen que mejorar la calidad del aire al rebajar "contaminantes atmosféricos" y "ruido de vehículos"; promocionar el transporte más sostenible y la recuperación del espacio público y aportar eficiencia energética. El Gobierno planea destinar 2.900 millones de euros de los fondos de recuperación a la creación de estas zonas y redacta estas directrices por considerar la medida un "instrumento clave de planificación nacional para dar respuesta a los compromisos de reducción de emisiones".

Córdoba tiene un avance de zonas de restricción al tráfico, que en la ciudad se llaman Acire. Básicamente se limita el acceso a casi todo el casco histórico de la ciudad. Éste está restringido a residentes, transporte público y servicios. También se fijan unas tarjetas de cortesía para familiares de los residentes. Pero ahora, el Ayuntamiento tendrá que habilitar una zona concreta de bajas emisiones. Ésta puede coincidir con las Acire o incluso ser más amplia.

El borrador del Gobierno reclama que los ayuntamientos se centren mucho en los indicadores de contaminación atmosférica para tomar sus decisiones. Y que las medidas se centren en lugares que ahora mismo son muy concurridos y en los que se debería hacer todo lo posible por desincentivar el uso del vehículo privado.

Como Madrid, en momentos del año con pocas precipitaciones y ausencia de viento, Córdoba también genera su propia boina de contaminación, algo que ocurrió en enero del año pasado. La ciudad está encajada en un valle donde los vientos no suelen ser fuertes, por lo que una alta concentración de partículas de combustión genera niveles muy tóxicos para los ciudadanos. Esto hace que haya días en el año en los que la contaminación está disparada y puede ser perjudicial para la salud. El borrador fija que el Ayuntamiento pueda activar una especie de semáforo en el que en esos días se limite el uso de vehículos contaminantes en la ciudad como medida paliativa.

Como en Londres o en París: si tienes un coche que contamine lo más probable es que tengas que pagar una tasa específica por circular, a partir del año 2023, por determinadas zonas de Córdoba. El Gobierno ya tiene listo el borrador de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que ciudades de un tamaño como el de Córdoba están obligadas a diseñar. El objetivo es que en 2023 ciudades medias de toda España (aquellas de más de 100.000 habitantes) tengan una zona en la que solo puedan entrar vehículos que no contaminen. O que contaminen muy poco.

Pero la novedad es que si el Ayuntamiento de Córdoba quiere podrá tener en su mano una herramienta fundamental: que el que contamine pague. El borrador prevé que el Consistorio pueda fijar una especie de peaje a los vehículos contaminantes que quieran entrar o salir de estas zonas. Ese dinero se tendría que invertir de manera directa en políticas de movilidad sostenible. Es decir, podrían financiar las obras de peatonalización de más calles, cubrir el déficit de Aucorsa o la ampliación de la red de carriles bici, por ejemplo.

Las zonas de bajas emisiones son un mandato de la ley climática aprobada el pasado 13 de mayo, que afecta a 149 ciudades donde viven más de 25 millones de personas. Transición Ecológica prepara una guía para la implementación de esta medida que deja claras las obligaciones: cada zona debe contribuir a la "mitigación del cambio climático", es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, también tienen que mejorar la calidad del aire al rebajar "contaminantes atmosféricos" y "ruido de vehículos"; promocionar el transporte más sostenible y la recuperación del espacio público y aportar eficiencia energética. El Gobierno planea destinar 2.900 millones de euros de los fondos de recuperación a la creación de estas zonas y redacta estas directrices por considerar la medida un "instrumento clave de planificación nacional para dar respuesta a los compromisos de reducción de emisiones".

Córdoba tiene un avance de zonas de restricción al tráfico, que en la ciudad se llaman Acire. Básicamente se limita el acceso a casi todo el casco histórico de la ciudad. Éste está restringido a residentes, transporte público y servicios. También se fijan unas tarjetas de cortesía para familiares de los residentes. Pero ahora, el Ayuntamiento tendrá que habilitar una zona concreta de bajas emisiones. Ésta puede coincidir con las Acire o incluso ser más amplia.

El borrador del Gobierno reclama que los ayuntamientos se centren mucho en los indicadores de contaminación atmosférica para tomar sus decisiones. Y que las medidas se centren en lugares que ahora mismo son muy concurridos y en los que se debería hacer todo lo posible por desincentivar el uso del vehículo privado.

Como Madrid, en momentos del año con pocas precipitaciones y ausencia de viento, Córdoba también genera su propia boina de contaminación, algo que ocurrió en enero del año pasado. La ciudad está encajada en un valle donde los vientos no suelen ser fuertes, por lo que una alta concentración de partículas de combustión genera niveles muy tóxicos para los ciudadanos. Esto hace que haya días en el año en los que la contaminación está disparada y puede ser perjudicial para la salud. El borrador fija que el Ayuntamiento pueda activar una especie de semáforo en el que en esos días se limite el uso de vehículos contaminantes en la ciudad como medida paliativa.

Como en Londres o en París: si tienes un coche que contamine lo más probable es que tengas que pagar una tasa específica por circular, a partir del año 2023, por determinadas zonas de Córdoba. El Gobierno ya tiene listo el borrador de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que ciudades de un tamaño como el de Córdoba están obligadas a diseñar. El objetivo es que en 2023 ciudades medias de toda España (aquellas de más de 100.000 habitantes) tengan una zona en la que solo puedan entrar vehículos que no contaminen. O que contaminen muy poco.

Pero la novedad es que si el Ayuntamiento de Córdoba quiere podrá tener en su mano una herramienta fundamental: que el que contamine pague. El borrador prevé que el Consistorio pueda fijar una especie de peaje a los vehículos contaminantes que quieran entrar o salir de estas zonas. Ese dinero se tendría que invertir de manera directa en políticas de movilidad sostenible. Es decir, podrían financiar las obras de peatonalización de más calles, cubrir el déficit de Aucorsa o la ampliación de la red de carriles bici, por ejemplo.

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17 de septiembre de 2021 - 05:30 h