Facua critica que la Junta no clausurara cautelarmente la taberna de Córdoba donde se produjo la intoxicación masiva

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha confirmado que detectó “deficiencias graves” y “posible riesgo para la salud” en las dos inspecciones realizadas hace un mes al establecimiento cordobés donde decenas de personas resultaron intoxicadas por una bacteria en sus montaditos de pringá después de haber afirmado en esas fechas que no había motivos para decretar su cierre cautelar por los inspectores determinaron que el establecimiento reunía “condiciones”.

FACUA Andalucía considera que esta contradicción pone de manifiesto otra negligencia más de las cometidas por la autoridad sanitaria, que se suman a las de los hospitales privados de San Juan de Dios y la Cruz Roja —donde falleció una de las clientas de Taberna La Sacristía—, los cuáles no reportaron a Salud los casos de intoxicados que recibieron. Negligencias ante las que la federación sigue esperando que se depuren responsabilidades.

En un comunicado enviado a la prensa, Salud Pública señala ahora que, tras recibir la documentación por parte de la Sección de Sanidad Alimentaria del Servicio de Salud de la Delegación Territorial de Córdoba —consistentes en dos actas de 14 y 15 de enero, un informe de valoración de dichas actas fechado el 17 y las hojas de control oficial— los inspectores valoraron “las deficiencias detectadas como graves por considerar que pueden suponer un peligro con posible riesgo para la salud, proponiendo la incoación de procedimiento sancionador si se estima oportuno”.

Y todo ello pese a que el 16 de enero, en plena investigación, la responsable del Servicio de Salud en Córdoba, María Cruz Gallego Domínguez, indicó que no se había llevado a cabo la clausura cautelar del establecimiento con el argumento de que «el local reúne condiciones». Domínguez también insistió en mantener oculto el nombre del negocio —que tuvo que ser dado a conocer por FACUA Andalucía para que otros clientes con intoxicaciones pudieran reportarlo a la administración sanitaria— por si el establecimiento finalmente no tuviera la “culpa de todo esto”.

El comunicado continúa indicando que es necesario que la documentación sea “ampliada y detallada” para poder valorar “con la mayor precisión posible” los hechos “susceptibles de motivar la incoación del procedimiento sancionador”, “la identificación de los sujetos responsables” y “todas las circunstancias relevantes”.

Incumplimiento de los protocolos

FACUA Andalucía señala que estos hechos se añaden al cúmulo de irregularidades e irresponsabilidades que ha cometido la Junta en la gestión de la intoxicación alimentaria provocada por los montaditos de pringá servidos por Taberna La Sacristía.

La federación ya denunció el incumplimiento del protocolo ante toxi-infecciones alimentarias de la Consejería de Salud, que establece que cualquier centro sanitario que atienda a afectados «lo comunicará con urgencia al Epidemiólogo del Distrito». Uno de los intoxicados comunicó a Salud la posible intoxicación alimentaria el viernes 10 de enero a una dirección de correo electrónico que la Administración facilita en su web para estos casos, mientras que el hospital privado San Juan de Dios emitió dos informes de alta de urgencias de dos intoxicados los días 5 y 8 de enero.

La delegada provincial de la Consejería de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, afirmó sin embargo en rueda de prensa que “hasta el día 13 de enero” —ocho días más tarde de la fecha del primer alta hospitalaria— “no llegó ninguna denuncia sobre este hecho”.

Debido a esta situación, FACUA Andalucía ha pedido públicamente que la consejera de Salud, Rocío Hernández, comparezca en el Parlamento de Andalucía para dar explicaciones por lo ocurrido. Una petición de la que se ha hecho eco el grupo parlamentario Por Andalucía, que ha solicitado formalmente la comparecencia de Hernández.