La excoordinadora de Infraestructuras imputada alega que se guiaba siempre por los técnicos en los contratos investigados

La excoordinadora general de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, María Luisa Bueno, imputada en el caso de los contratos de este área que investiga un juez por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, ha alegado en su declaración en el juzgado que siempre se guiaba por criterios de los técnicos en relación a su actuación sobre los contratos investigados.

En su momento, la Fiscalía halló indicios de troceo de contratos, documentos falsos y vínculos familiares en las adjudicaciones de dichos contratos de 2020, cuestiones que ahora investiga un juez y por las que se encuentran imputados la propia excoordinadora de Infraestructuras y un funcionario de este área municipal, que ya han declarado ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz.

En su declaración ante el juez -a la que ha tenido acceso Cordópolis-, la excoordinadora general de Infraestructuras repite en varias ocasiones que eran los “criterios de los técnicos” los que prevalecieron a la hora de tomar determinadas decisiones respecto a los proyectos y contratos investigados.

“Cada vez que se podía plantear una situaciónde fraccionamiento de contrato, consultaba a los técnicos al objeto de emitir un posible informe a la autoridad competente”, alega sobre esta posible irregularidad de troceo para hacer en contratos menores -con menor control y menor tiempo de tramitación-, proyectos que deberían ir por el procedimiento ordinario. En otro momento de su declaración reitera que “preguntaba constantemente a los técnicos en los supuestos que podían incurrir (en fraccionamiento) cuáles eran sus valoraciones técnicas”.

También deja caer la responsabilidad de la selección de empresas optar a dichos contratos en los técnicos. “La elección de los contratistas se hacía conforme a criterio técnico en función del conocimiento que tenían los técnicos de quién era el contratista idóneo en cada caso”. “No había una lista oficial de contratistas aunque los técnicos solían manejar listas de contratistas que llevaban bastante tiempo trabajando para el Ayuntamiento”, argumenta en relación a las empresas que eran llamadas para poder hacerse con la adjudicación de los contratos. “Los técnicos proponían al menos tres posibles candidatos” para optar a cada contrato menor, apunta. Y junto a ello, reconoce que ella “no comprobaba la idoneidad de los contratistas a los que se invitaba y confiaba en el criterio técnico de los técnicos (sic)”.

En relación a los contratos menores hechos para realizar toda la obra de alumbrado de la avenida de Libia, la excoordinadora señala al funcionario imputado también en este 'caso Infraestructuras' y dice que “emitió un informe técnico en el que se indica que los dos proyectos se ejecuten de forma independiente y no conjunta”. Y ella llega a indicar ante el juez que “le exigía que justificara técnicamente por qué debía llevarse contratos independientes y no conjunta (sic)”. Sobre estos contratos recaen sospechas de fraccionamiento según detectó la Fiscalía y ahora investiga el juez, que ha imputado tanto a la excoordinadora como al funcionario responsable.

También alude al técnico como responsable de la firma de la certificación de final de obra en la avenida de Libia, un documento sobre el que existen indicios de falsedad puesto que se firmó el 30 de diciembre de 2020, día en que el técnico estaba de vacaciones y sin que la obra hubiera estado realmente acabada, según expuso la Fiscalía. Además, en el caso de la avenida de Libia, hubo una “tercera empresa” que asumió una avería en las obras que se estaban ejecutando y la excoordinadora “desconoce el motivo” del por qué esta empresa se hizo cargo de dicha avería sin ser la adjudicataria de la obra “pero tuvo que ser por razones técnicas”, argumenta.

Asimismo, María Luisa Bueno vuelve a citar a los técnicos cuando dice ante el juez que “la elección del trámite por obra o servicios” en los contratos “era una cuestión de criterios técnicos” y que eran los técnicos quienes “explicaban que para colocar algún tipo de instalación eléctrica era preciso realizar obras en tabiques y tomaban la decisión para su calificación en función de la naturaleza de lo que se pretendía hacer”.

La excoordinadora señala al departamento que lidera el funcionario imputado donde “puede haber unas 20 personas trabajando” y apunta que “las decisiones técnicas se llevan en ese departamento y donde se realiza la valoración de las contrataciones”.

'Caso Infraestructuras'

El 'caso Infraestructuras' fue denunciado en mayo de 2021 en un primer momento por Izquierda Unida (IU) y Podemos ante el juzgado por hallar indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de contratos menores del este área municipal correspondientes al año 2020. El objeto de aquella denuncia fueron 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros.

La Fiscalía vio indicios de delito y dio traslado al juzgado decano para el reparto y la posterior apertura de diligencias. Y apuntó a un técnico del Ayuntamiento y a la excoordinadora general de Infraestructuras como responsables de esos supuestos delitos. Posteriormente, ambos han sido imputados por el juez en este caso por supuesta prevaricación y falsedad en documento público, además de investigar un posible delito de malversación de caudales públicos.

En el plano político, la entonces coordinadora general de Infraestructuras -un cargo designado por Ciudadanos- fue cesada y el concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, acabó perdiendo las competencias de este área y otras del gobierno municipal que ostentaba, si bien sigue siendo el portavoz de Cs en el Ayuntamiento.