David Dorado, en su primer juicio: “Firmaba la documentación sin leerla porque confiaba en lo que me ponían los técnicos”

Este martes, el primer juicio derivado del concido como Caso Infraestructuras ha quedado visto para sentencia. El único acusado es el exconcejal de Infraestructuras David Dorado, que se enfrenta a una pena de 14 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. Esta condena le impediría seguir dando clases en un instituto público, aparte de poder presentarse a unas elecciones.

Tras la última sesión, la Fiscalía ha mantenido su petición de 14 años de inhabilitación. La defensa ha pedido la libre absolución. En esta última sesión ha declarado el propio Dorado ante el tribunal que lo juzgará, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Dorado ha reconocido que firmaba toda la documentación que se está revisando en el tribunal, pero que no se la leía antes. “Toda la documentación que he firmado, la firmaba sin leérmela siquiera porque confiaba en los técnicos y funcionarios. Tenía en el portafirmas una casilla para firmar de golpe y lo hacía”.

Este juicio, en concreto, alude a un contrato para la instalación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales, que se firmó también en el año 2021 siendo David Dorado concejal de Infraestructuras. Según la calificación, Dorado habría contratado este servicio con una empresa cuando el Ayuntamiento ya disponía de él y sin tener competencias para la firma. El contrato fue autorizado por la Junta de Gobierno Local en el mandato anterior y sin que este se considerase caducado el propio Dorado, sin acudir a la Junta de Gobierno Local, habría firmado un segundo acuerdo.

La defensa de Dorado, ejercida por el abogado Carlos Arias, ha discutido con la Fiscalía sobre el concepto de “ilegalidad” y ha señado que si acaso se estaría hablando de un contrato “alegal” que debería haberse dirimido por el cauce del Contencioso Administrativo y nunca por lo Penal. “No creo en las casualidades”, expresó el letrado. La Fiscalía ha destacado lo que declaró hace varias semanas el jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, que en este proceso de le había dado “una patada” a la ley de contratación pública.

Antes de las conclusiones definitivas, declaró el último testigo, un oficial de primera del Ayuntamiento ya jubilado y al que no se pudo localizar en la sesión anterior. Ahora, en la reanudación de la vista, sostuvo que el contrato de las alarmas aunque estaba prorrogado no se estaba prestando ya que el contratista había mostrado “verbalmente” su negativa a seguir trabajando con el Ayuntamiento porque tenía problemas de cobro. Por eso se inició otro procedimiento. El contratista era Segurimar que a su vez subcontrató a Eulen. El siguiente contrato se le encargó precisamente a Eulen. El oficial insistió en que en plena pandemia los colegios y edificios municipales no podían quedarse sin alarma, por su evidente peligro de seguridad. Y que por eso se hizo la pŕorroga.

Tras su declaración llegó el turno de Dorado. El exconcejal siempre defendió su confianza en los técnicos, que en un principio estuvieron procesados en este caso pero que finalmente no han llegado a juicio. Y en el trabajo que se realizó para que los colegios y edificios municipales siguieran teniendo alarmas. Preguntado reiteradamente por la Fiscalía sobre su signatura en los documentos, insistió en que “me lo pusieron a firma”. Posteriormente la Fiscalía insistió en que “cualquier persona mayor de edad es responsable de todo lo que firma”.

Dorado acusa al jefe de la Asesoría Jurídica

El juez permitió a David Dorado hacer uso de su derecho a la última palabra. El exconcejal argumentó que “llegué a la política con la gran ilusión de cambiar las cosas” y que “a la vista de esa actitud que mantuve siempre me llegaron muchos empresarios de la ciudad vinculados al mundo eléctrico a denunciar irregularidades de alumbrado. En concreto cuatro millones de euros que se adjudicaron a la misma empresa. Puse la correspondiente denuncia ante la Fisclaia. A posteriori descubrí que uno de los miembros de la junta de contratación era Miguel Aguilar (jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento) y así lo dije en los medios de comunicación”. Dorado aseguró que “eso hirió mucho el amor propio del señor Aguilar. Me amenazó con iniciar acciones legales contra mí”, por lo que consideró que el Caso Infraestructuras se deriva de esa circunstancia.

Por su parte, la Fiscalía ha insistido en sus conclusiones que el polémico contrato que no habría seguido ninguna norma fue “firmado por el acusado, que dice que no lo leyó. Él es un concejal de Infraestructuras con conocimientos mínimos de funcionamiento del Ayuntamiento debe saber que el órgano para aprobar este contrato es la Junta de Gobierno del Ayuntamiento”, insistió.

Así, la Fiscalía sostuvo que el contrato firmado se solapa en 2022 y supera los 50.000 euros. Pero “curiosamente la factura que se emite todas ellas son de menos de 3.000 euros. Eso llama la atención y pone en guardia al órgano de Intervención. El señor Miguel Aguilar vino a decir que el contrato que firma el acusado claramente se hace sin todos los requisitos y bendiciones que son necesarios”. “Firmar este contrato le da una patada a la ley 9/2017 de contratos del sector público”, reiteró.

“A perro flaco todo son pulgas”

El abogado de Dorado tiró de refranero para defender a su cliente diciendo que a “perro flaco todo son pulgas”. “No es lo mismo ilegal que alegal”, insistió. “Nos encontramos con un contrato alegal desde el 2018 porque se prohibe la subcontratación”, sostuvo. El contrato lo ganó Segurimar que subcontrató a Eulen, la misma firma que posteriormente firma el contrato bajo sospecha con Dorado. “El propio Miguel Aguilar ha reconocido que no sabía quién era Eulen que era el que prestaba el servicio”, dijo.

“No creo en las casualidades. No puedo creer en ellas”, insistió, al referirse a la “honorabilidad” argumentada por la Asesoría Jurídica. “No toda la Asesoría estaba afectada por la honorabilidad”, expresó.

Así, dijo que cuando se hizo el informe jurídico en 2021 que derivó en la causa actual se sacaron dos conclusiones: que “esto era un tema administrativo” y que había que “dar traslado a la Fiscalía por si acaso”. “Pero esto era un tema administrativo puro y duro”, insistió. Además, se centró en las “discrepancias” entre los técnicos sobre si se trataba de un contrato mayor o menor. “Si hay discrepancias entre ellos, imagínese esta persona”, en referencia a su defendido, para el que pidió la libre absolución y sostuvo que los 14 años de inhabilitación que se le reclaman son excesivos.

Pieza derivada del 'Caso Infraestructuras'

El juicio es una de las piezas derivadas del conocido como Caso Infraestructuras, que derivó en la operación Caronte por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Dorado fue arrestado por una investigación sobre un presunto fraude en el área que dirigía como concejal. El edil acabó en el grupo de concejales no adscritos durante la pasada Corporación.

Ahora, Dorado se enfrenta a un delito de 12 años de inhabilitación para el empleo o ejercicio de cargo público, además de la imposición de costas, según la petición de la Fiscalía Provincial de Córdoba. Este caso ha sido dirigido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. Este sumario, en concreto, alude a un contrato para la instalación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales, que se firmó también en el año 2021 siendo David Dorado concejal de Infraestructuras. 

La Fiscalía acusa a Dorado de firmar el documento “sin ostentar competencias en materia de contratación, al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema”, según detalla. El Ministerio Fiscal considera que el contrato provocó un fraccionamiento de facturas por un importe menor a 3.000 euros que no pudieron ser detectadas hasta la denuncia.