El abogado del Ayuntamiento acusa a Dorado de firmar un contrato “dándole una patada a la legislación”

El exconcejal David Dorado no tenía competencias para firmar el contrato de alarmas en colegios públicos y edificios municipales ni tampoco los informes técnicos que avalaran dicha contratación. Así lo ha revelado este jueves el jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Aguilar, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial encargado de enjuiciar la causa en la que la Fiscalía pide al exedil 12 años de inhabilitación para el empleo o ejercicio de cargo público.

Aunque estaba previsto que el juicio se celebrara en una única sesión, ha tenido que suspenderse debido a la incomparecencia de un testigo que la defensa de Dorado, Carlos Arias, considera clave. Además, tampoco ha declarado el procesado, ya que ha solicitado hacerlo en último lugar. Aun así, en el transcurso de la misma se han podido escuchar las declaraciones de nueve personas, como el abogado de la Asesoría Jurídica del Consistorio, del alcalde de Córdoba, José María Bellido; la viceinterventora municipal, la excoordinadora de Infraestructuras, un responsable de la Junta de Gobierno Local, el funcionario encausado en el caso Infraestructuras y responsables de las dos empresas implicadas.

La declaración del abogado de la Asesoría Jurídica del Consistorio ha sido uno de los testimonios más clarividentes, quien no ha escatimado en calificativos al asegurar que el contrato en cuestión “es una patada a toda la legislación de contratos. No cumple nada”. Aguilar ha explicado que el documento firmado el 29 de septiembre de 2020 con una de las empresas implicadas —con fecha de 12 de mayo de ese mismo año— carecía de informe técnico, de cobertura legal y de intervención de los órganos competentes. “Se firmó por un concejal que no tenía ninguna competencia delegada para hacerlo. Y se hizo sin expediente, sin fiscalización, sin intervención de la Junta de Gobierno Local, sin control de la mesa de contratación… Absolutamente nada. Es como si alguien firma un contrato de seguridad para su casa. Una administración no puede hacer algo así”, ha declarado.

El abogado de la defensa ha sacado a colación una carta remitida por Aguilar a Dorado, en 2021, donde le advertía de su “manifiesta falta de conocimiento en asuntos de contratación”. Aquella misiva se produjo tras unas declaraciones en prensa del entonces concejal que Aguilar consideró un ataque “fuera de lugar” a la Asesoría Jurídica municipal. “Nunca dijimos que Dorado hubiera cometido irregularidades, pero sí pusimos de manifiesto que había anomalías graves en la contratación en Infraestructuras. Y tiempo después, esas irregularidades han dado lugar a varias causas judiciales”, ha apuntado. Hay que recordar que este trabajador fue quien realizó este informe jurídico.

Aguilar ha recordado que la Ley de Contratos del Sector Público contempla una figura muy concreta: la de la continuidad obligatoria del servicio. Según ha expuesto, esta herramienta excepcional permite que, en determinados supuestos, aunque un contrato haya caducado, el servicio puede seguir prestándose por la empresa adjudicataria hasta que se formalice uno nuevo. “Eso es lo que procedía hacer en este caso: continuar con la empresa adjudicataria del contrato hasta que se resolviera una nueva licitación”, ha precisado.

Por ello, el letrado ha asegurado que se sorprendió al descubrir que, después de haberse invocado la continuidad, desde el área de Infraestructuras se remitiera una comunicación en la que se desistía de esa opción y, acto seguido, se firmaba un nuevo contrato con otra empresa -la que era subcontratada en el anterior contrato-. Ha recordado, además, que el contrato prohibía la subcontratación que finalmente se llevó a cabo.

El abogado municipal también incidió en las deficiencias del expediente de contratación abierto meses después. Según ha detallado, tanto la memoria como los pliegos “estaban mal hechos” y el propio Departamento de Contratación requirió varias subsanaciones a Infraestructuras que nunca se llegaron a solventar. “Eran los técnicos municipales quienes tenían que corregir esos fallos, pero no se hizo”, remarcó.

Asimismo, ha explicado que los concejales, en el ámbito de la contratación, no tienen por qué dominar los aspectos técnicos, pero sí deben atenerse a los informes que emiten los funcionarios especializados. “Un concejal no puede firmar un contrato si no cuenta con un informe técnico que lo avale. Si lo firma sin ese respaldo, actúa por su cuenta y asume la responsabilidad”, ha sostenido. En este caso, según ha relatado, Dorado habría estampado su rúbrica en un documento sin que mediara informe previo, sin procedimiento alguno y, además, con irregularidades tan graves como que el contrato carecía de precios detallados.

Por último, el letrado municipal ha cuestionado por qué no se siguió el mecanismo ordinario de continuidad con la empresa que fue adjudicataria del servicio, “que hubiera evitado el vacío legal y mantenido el servicio sin problema”.

Durante la sesión ha declarado un responsable de la empresa que, en 2018, resultó adjudicataria de la licitación, aunque desde el primer momento el servicio fue subcontratado. Según ha declarado, en mayo de 2020, el Ayuntamiento -aunque no ha especificado quién- le manifestó que dejaría de prestar el servicio de la prórroga y ha asegurado que su empresa no quería continuar “porque no me salían las cuentas y no quería perder dinero”. Hay que señalar que dicha prórroga fue firmada en abril de 2020 y el plazo temporal previsto era de siete meses.

En la misma línea, el responsable de la empresa subcontratada -y a la que luego se le concedió este servicio previo contrato firmado por Dorado y la excoordinadora de Infraestrucutras- ha declarado que su empresa prestó ininterrumpidamente el servicio desde 2018: primero como subcontrata y después directamente con el Ayuntamiento. Este testigo ha contado que en mayo de 2020 recibió por correo electrónico un contrato para firmar, y días después le llegó el mismo documento modificado. Le llamó la atención que fuera un contrato de apenas un mes, aunque sabía que era prorrogable mes a mes, ha asegurado. Además, pese a que el contrato reza que es de septiembre de 2020, se firma fechado en mayo de ese mismo año.

En este punto, el fiscal ha recordado que el 12 de mayo de 2020 aún no se había extinguido el contrato original prorrogado cuando fue firmado otro “que no ha respetado los principios básicos de la contratación pública, solapándose contratos”. El testigo ha declarado desconocer que se estuvieran solapando contratos.

El entonces Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Infraestructuras ha manifestado que en mayo de 2020 no hubo contratación ordinaria porque la pandemia “ralentizó todo”. En lugar de licitar, el Ayuntamiento dio de alta a esta segunda empresa como proveedora y le fue pagando facturas directamente. “El servicio de intrusión en los colegios era primordial y no se podía desatender. Lo que se acordó fue que se facturara directamente al Ayuntamiento, con facturas pequeñas, todas inferiores a 3.000 euros.

Este testigo ha detallado que la gestión práctica del servicio estaba en manos del capataz llamado a declarar, pero que no se ha presentado. Se trata de una persona ya jubilada. Este exjefe ha asegurado que este testigo era quien trataba con la empresa subcontratada y autorizaba los trabajos. “Un concejal no se ocupa de incidencias del día a día, eso lo lleva el técnico o el capataz”, ha recalcado.

Escrito de desestimiento

Uno de los elementos clave que ha planeado durante las declaraciones en el juicio ha sido el escrito fechado el 21 de mayo de 2020 en el que supuestamente se pedía el desistimiento de la continuidad del contrato de seguridad con la empresa y el barrado de documentos contables vinculados a dicho servicio. Este documento, que aparece firmado tanto por la entonces coordinadora de Infraestructuras como por el propio Dorado ha generado visiones contrapuestas entre testigos y técnicos municipales.

El Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios ha declarado que recordaba que en mayo de 2020 se remitió un escrito en el que la coordinadora general de Infraestructuras y el concejal Dorado desistían de la continuidad con la empresa. Según ha explicado, esa decisión se acompañó de la orden de “borrar los documentos relativos a la contratación” de esta empresa en el expediente.

Por el contrario, la excoordinadora de Infraestrucutras ha negado tajantemente que se hubiera producido un desistimiento real. Según su versión, lo que existió fue un “barrado contable” de documentos, un trámite administrativo habitual que permite liberar partidas para iniciar otros procedimientos. “No recuerdo haber desistido de ningún contrato. Lo que pudo haber fue un barrado de documentos contables, algo que hace un funcionario y que luego pasa a la firma de los responsables políticos”, ha explicado. Esta testigo ha declarado que ella firmó confiando en el criterio de los funcionarios y que “ni ella ni el concejal tenían potestad para decidir un desistimiento”.

La visión del abogado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento es completamente contraria a la de la excoordinadora. Tal y como ha declarado, “tras haberse optado en un primer momento por la figura legal de la continuidad obligatoria del servicio”, resultaba incoherente que se comunicara después un desistimiento y “se sustituyera esa vía por la firma de un contrato nuevo” con otra empresa.

Para Aguilar, el desistimiento abrió la puerta a un contrato que “carecía de todo procedimiento, informe técnico y fiscalización”, lo que convirtió el caso en “una patada a la legislación de contratos”. Ha recordado que, de haberse mantenido la continuidad, se habría evitado el vacío legal y se habría garantizado el servicio de seguridad con cobertura normativa.

Por su parte, un responsable de la Junta de Gobierno Local, José Alberto Alcántara, ha declarado que el exedil no tenía competencia para firmar contratos como el que ha motivado esta causa. “Los contratos menores de hasta 15.000 euros pueden delegarse en coordinadores o directores generales. Pero este contrato superaba los 100.000 euros en facturas y abarcaba de 2020 a 2022. Nunca pudo ser menor y, en caso de serlo, no se puede prorrogar mes a mes. Se omitió todo: el anuncio de licitación, el informe jurídico, la aprobación de la Junta de Gobierno Local relativa al expediente de contratación, el control de la mesa de contratación… todo”, ha apuntado. Según ha expuesto, el único contrato que se delegó en el exconcejal fue el del plan Mi barrio es Córdoba.

Por otro lado, la viceinterventora municipal ha declarado que varias de las facturas emitidas una vez que finaliza el contrato primigenio habían sido objeto de un informe de disconformidad emitido por su área, lo que obligaba a devolverlas al servicio gestor con el correspondiente reparo de legalidad. “Una vez emitido el reparo, la factura se devuelve al servicio gestor. Son los técnicos quienes deben decidir cómo continuar la tramitación”, explicó.

En cuanto a las facturas que no habían llegado a Intervención, ha señalado que todavía estaban pendientes de tramitación administrativa y que, por tanto, no habían podido ser fiscalizadas. “Lo que se apreciaba es que, aunque se presentaban como facturas sueltas de contratación menor, en realidad debían haberse integrado en un expediente mayor”, ha subrayado.

La testigo fue especialmente clara al referirse al informe emitido el 25 de marzo de 2022, en el que la Intervención municipal formuló reparo a varias facturas vinculadas a esta empresa. En ese contexto, cuestionada sobre por qué se siguió manteniendo el contrato a pesar del reparo, respondió con firmeza: “Eso habría que preguntárselo al servicio gestor. Nosotros lo que hacemos es aplicar la normativa: cuando se incumple, se emite reparo y se devuelve el expediente”.

El testimonio del alcalde

El último en declarar ha sido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha accedido a la Ciudad de la Justicia una hora antes de su citación, evitando así ser captado por los medios de comunicación. El regidor ha manifestado que, como máxima autoridad local, siempre ha transmitido un criterio a sus concejales: “Cuando un funcionario pone un documento delante para firmar, se firma, porque son ellos los que entienden. Eso se lo he podido decir a él [en referencia a Dorado] y a todos los concejales. Según la materia, se suele firmar confiando en el criterio técnico”.

En relación con este contrato, ha asegurado que desconocía las circunstancias concretas en las que se produjo la contratación, aunque ha considerado lógico que se mantuviera activo: “No tengo conocimiento directo, pero es una explicación razonable de que no se podía dejar de prestar el servicio”. Preguntado si le constaba algún perjuicio para el Ayuntamiento o para los cordobeses derivado de la actuación de Dorado, ha respondido que no le constaba.

El regidor ha asegurado que su único conocimiento del expediente proviene de los informes de la Asesoría Jurídica, en los que se señala que el contrato “carece de toda legalidad”. A su juicio, lo ocurrido fue un procedimiento “no habitual” dado que la forma de operar es hacer “un contrato menor de prórroga con sus requisitos, adjudicarlo a la misma empresa para asegurar la continuidad del servicio y, luego, un procedimiento de contratación normal”. Según su testimonio, desde 2023, el servicio ya está en manos de otra compañía.