El Ayuntamiento aplaza a después de las elecciones la delimitación de una zona de bajas emisiones de tráfico

Policía Local de Córdoba

Desde abril del año 2021, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de España saben que en 2023 tienen que habilitar una zona de bajas emisiones del tráfico en sus ciudades. La norma sigue una directiva europea y fue aprobada en abril del año pasado en el Congreso de los Diputados. En principio, se había habilitado el 1 de enero de 2023 como la fecha tope que tenían los ayuntamiento para habilitar esa zona.

En la provincia de Córdoba, solo el Ayuntamiento de la capital está obligado a aplicar esta restricción. Lucena tiene 42.000 habitantes y no llega al mínimo exigido. Pero el Consistorio de la capital tendrá imposible designar antes del 1 de enero de 2023 cuál será el lugar elegido en la ciudad para la designación de una zona de bajas emisiones.

El pasado viernes, el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Doymo (Desarrollo y Movilidad SA) una asistencia técnica para la “redacción del proyecto de definición de la zona de bajas emisiones” de Córdoba. El importe adjudicado es de 12.039,50 euros pero el plazo se va a los ocho meses. Es decir, hasta agosto de 2023, después de las elecciones municipales, el Ayuntamiento de Córdoba no decidirá en qué zona de la ciudad se limita el tráfico contaminante.

El caso de Córdoba no es el único en España. Desde este verano, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva solicitando al Gobierno que amplíe el plazo máximo otorgado, del 1 de enero de 2023. Los ayuntamientos han alegado que solo en los plazos administrativos para la puesta en marcha de estas zonas limitadas al tráfico se van cuatro meses. Es decir, incluso después de que el Ayuntamiento de Córdoba tenga entregado el trabajo por parte de Doymo deben pasar otros cuatro meses más de trámites administrativos para poder aprobar las limitaciones. La nueva norma debe ser aprobada por el Pleno.

Con los plazos en la mano, la asistencia técnica no estaría acabada antes del verano de 2023 y su entrada en vigor, por tanto, se iría al menos a las próximas navidades, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones se han habilitado dos partidas de Fondos Europeos. Una primera convocatoria, año 2021, de 1.000 millones de euros para municipios mayores de 50.000 habitantes o capitales de provincia, municipios mayores de 20.000 habitantes siempre que tengan más de 36.000 unidades catastrales y dispongan de servicio de transporte público, y agrupaciones de municipios siempre que todos los municipios de la agrupación cumplan las características anteriores. Y una segunda convocatoria, de este año, con una partida de 500 millones de euros y los mismos beneficiarios que la anterior. En total 1.500 millones de euros que, de no ampliarse los plazos podrían quedarse sin ejecutar.

El precedente del Acire

En Córdoba ya existe una zona limitada al tráfico y es popularmente conocida como Acire. En esencia, limita el tráfico en el casco histórico, con cámaras que regulan el tránsito solo a vecinos, transporte público, servicios y usuarios de hoteles. Las cámaras impiden la libre circulación en la calle Alfaros, la calle San Pablo, el entorno de la Mezquita, Valladares o Cárcamo, por ejemplo. Pero la zona Acire en Córdoba no impide el tráfico de vehículos contaminantes y motorizados, algo que la norma regula.

Por eso, el Consistorio trabaja en cómo tiene que diseñar la propuesta con un objetivo: en el casco histórico viven vecinos que disponen y usan a diario vehículos a motor considerados contaminantes o muy contaminantes. Además, en la actual zona Acire de Córdoba entran y salen autobuses escolares, vehículos de cortesía (cada vecino dispone de una autorización), turistas (hay que llamar a los hoteles) y también padres que solicitan permiso para recoger a sus hijos de los colegios. En ningún caso se regula el tipo de vehículo que entra o sale, pero a partir de ahora, si finalmente el Ayuntamiento opta por convertir el Acire en su particular Zona de Bajas Emisiones, tendrá que limitarse.

La correcta implantación de estos espacios de movilidad restringida permitirá mejorar la calidad del aire y del medio ambiente sonoro y la salud de los ciudadanos, contribuirá a la mitigación del cambio climático, ayudará a promover la movilidad activa, a desarrollar un transporte más sostenible y permitirá recuperar el espacio público para el peatón, al tiempo que se impulsa la eficiencia energética en los medios de transporte.

Aspectos clave del Real Decreto

Así, el proyecto de norma recoge la jerarquía por modos de transporte que debe cumplirse a la hora de diseñar las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de las zonas de bajas emisiones, entre las que se incluyen las restricciones de acceso, circulación y aparcamiento de vehículos según su potencial contaminante y que afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante, como son los vehículos A, y, progresivamente, a los vehículos B y C. Asimismo, siempre respetando dicha jerarquía, cuando se permita el acceso de vehículos motorizados, se priorizará el acceso de los vehículos 0 emisiones.

Por otro lado, el proyecto de real decreto establece los requisitos mínimos que deben cumplir las zonas de bajas emisiones en materia de calidad del aire, cambio climático, impulso modal, eficiencia energética y ruido. Se regula, además, el sistema de monitorización y seguimiento que permitirá evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y el cumplimiento de los objetivos, que deberán ser cuantificables, para efectuar una revisión del proyecto en un plazo de cuatro años desde su establecimiento.

La norma prevé también la cooperación y coordinación entre administraciones públicas para dar cumplimiento a los objetivos de las zonas de bajas emisiones y la necesidad de adoptar medidas de coordinación entre municipios, incluyendo la posibilidad de establecer zonas de bajas emisiones supramunicipales. Asimismo, recoge la necesidad de facilitar medidas de participación de los diferentes agentes sociales y de señalizar las zonas de bajas emisiones.

Por último, se prevé el régimen sancionador aplicable, remitiendo a la normativa de tráfico a estos efectos y un periodo transitorio de cuatro años para la adaptación a la nueva norma de los proyectos de ZBE establecidas con anterioridad a su entrada en vigor.

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