Los juzgados cordobeses registran casi 200 escritos en el primer día de reactivación de su actividad

Los juzgados cordobeses registraron 197 escritos este pasado miércoles 15 de abril, día en el que se levantó la limitación de entrada de asuntos no urgentes en el marco del estado de alarma, lo que ha permitido la reactivación parcial de la actividad.

En el conjunto de Andalucía, los juzgados registraron 3.214 escritos ese primer día de la reactivación de su actividad. Esto supone un aumento del 389% respecto al miércoles anterior, pero un descenso importante en comparación con días antes de la limitación.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó esta semana, de forma consensuada con el Ministerio de Justicia, levantar desde el miércoles las limitaciones establecidas el pasado 18 de marzo a la presentación de escritos por medios telemáticos a través de LexNET o de los sistemas equivalentes.

Según los datos facilitados a Europa Press por la Junta de Andalucía, el miércoles día 15 se contabilizaron 3.214, de los que 2.734 pertenecen a escritos de trámite, mientras que el resto, un total de 480, se corresponden con escritos iniciadores. Por provincias, se han presentado 331 en Almería; 515 en Cádiz; 197 en Córdoba; 444 en Granada; 163 en Huelva; 166 en Jaén; 622 en Málaga y 776 en Sevilla.

Los 3.214 escritos registrados el miércoles suponen un 389% por ciento de incremento respecto al día 8 de abril, justo el miércoles anterior, cuando se ingresaron 657; pero significa un descenso muy significativo si se compara con los 15.478 o los 15.303 escritos presentados el 4 y el 11 de marzo, respectivamente, fechas anteriores a decretarse el estado de alarma.

El CGPJ consideró que la evolución de las circunstancias de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 “permite contemplar un nuevo escenario de mayor actividad en todos los sectores, y en particular en el funcionamiento de la administración de justicia, que autoriza a fijar las bases del restablecimiento pleno de la prestación del servicio público al que sirve el ejercicio de la función jurisdiccional”.

El objetivo es evitar de ese modo “su paralización y colapso con la subsiguiente la lesión de los derechos e intereses de los particulares”, señaló el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado.