Un juzgado investiga la devolución de un aval en Ronda a Arenal 2000

El caso 'Acinipo' se desarrolló en el municipio malagueño en 2011 y acabó con la detención del exalcalde del municipio y otros tres concejales por favores urbanísticos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda (Málaga), que dirige desde septiembre de 2011 el que se vino a llamar como caso Acinipo, investiga la devolución de un aval por parte de este Ayuntamiento a la empresa del concejal por UCOR Rafael Gómez Sandokán. Según consta en el sumario, que se ha hecho público, la juez está investigando la pertinencia o no de la devolución de presuntamente irregular de un aval de 845.423 euros a Arenal 2000 autorizado en septiembre del año 2008.

El caso Acinipo saltó a la palestra el 27 de septiembre de 2011 y se saldó con las detenciones y la posterior puesta en libertad con cargos de cuatro integrantes del anterior equipo de gobierno rondeño: el alcalde, Antonio María Marín Lara; el primer teniente de alcalde, Francisco Cañestro; y los concejales de Seguridad y Urbanismo, Rafael Lara y María José Martín de Haro, respectivamente, acusados de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

En el caso de Arenal 2000, la juez quiere saber si la devolución fue correcta o no. En el caso Acinipo no está imputado Rafael Gómez, aunque sí que le ha sido requerida documentación. La investigación se ha realizado a instancias del Ayuntamiento de Ronda, ahora gobernado por el PP, con el que Gómez ha mantenido distintas reuniones para tratar de arreglar el asunto. Pero sin acuerdo.

Así, y según aparece reflejado en el sumario, desde el Ayuntamiento de Ronda se remitió a la Fiscalía en febrero de 2013 el expediente de devolución del aval constituido en garantía de las obras llevadas a cabo por la empresa en el sector de La Planilla, en Ronda, devolución que fue “firmada desfavorablemente por los técnicos competentes”. En 2008, Gómez solicitó la devolución de varios avales y el Ayuntamiento autorizó, mediante un decreto de diciembre de ese año, la devolución de uno de estos depósitos de garantías presentadas por la urbanización y construcción de 494 viviendas en La Planilla, apuntando en ese momento que se devolvía “ante la disparidad de los informes obrantes en el expediente y porque hay constancia física de que la urbanización está hecha”. Entonces, en los informes se apuntaba que los importes restantes, que ascendían a 2,9 millones de euros, “cubrirían sobradamente cualquier daño, desperfecto, vicio oculto o reclamaciones”.

El Ayuntamiento decidió poner el caso en manos de la Fiscalía después de que los vecinos se quejasen de los numerosos defectos en la urbanización, incluso como la falta de alumbrado en las calles y defectos en el asfaltado y las zonas verdes.