La Junta saca a la venta ocho edificios en Córdoba para luego alquilarlos

La operación, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, persigue conseguir unos ingresos de hasta 300 millones de euros en toda Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó ayer a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la enajenación de ocho inmuebles de titularidad autonómica para su posterior arrendamiento a largo plazo manteniendo su uso administrativo en Córdoba. La operación, mediante la fórmula de alquiler con retorno o “Sale & leaseback”, permitirá a la Junta conseguir ingresos con cargo al presente presupuesto por más de 300 millones de euros, si logra enajenar un total de 75 inmuebles en toda Andalucía.

Los inmuebles propiedad de la Junta albergan oficinas y servicios de distintas consejerías en Córdoba. De esta manera, los ocho edificios que la Junta pretende enajenar en la capital son el de San Felipe (donde se localiza la Delegación del Gobierno), el edificio de usos múltiples de Santo Tomás de Aquino (los antiguos ministerios en los que se localizan la mayoría de las oficinas del Gobierno andaluz), la oficina de la calle Gondomar (donde está ubicada la Delegación de Hacienda), el edificio de la calle Adarve que acoge al Instituto Andaluz de la Juventud, una parcela en el polígono de Chinales, otro edificio en la calle Manriques, otro más en República Argentina 38 (donde está la Delegación de Salud) y el de plaza Ramón y Cajal.

Los inmuebles suman una superficie total construida superior a los 259.000 metros cuadrados en toda Andalucía y se distribuyen entre las siguientes ciudades: Almería (5), Cádiz (6), Córdoba (8), Granada (7), Huelva (10), Jaén (7), Málaga (4) y Sevilla (22). La relación se completa con seis edificios más, localizados en Algeciras y Jerez de la Frontera (Cádiz); Marbella (Málaga), y Camas, Dos Hermanas y San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

La fórmula de optimización del patrimonio inmobiliario conocida con la expresión inglesa Sale & Leaseback se viene utilizando durante los últimos años, tanto en el ámbito privado como en el público, no solo en España sino en países europeos como Austria, Alemania, Francia, Bélgica o Reino Unido. Su objetivo fundamental es poner en valor el patrimonio público para compensar parcialmente la caída de los ingresos en etapas de decrecimiento económico, obteniendo liquidez sin renunciar al uso de los inmuebles.

Para la Junta, se trata de una herramienta que permite mantener el esfuerzo en política social en un contexto de restricción del endeudamiento público por el cumplimiento de los objetivos de déficit. Además, contribuye a mejorar la gestión y explotación de los edificios administrativos, así como a una mayor racionalización del gasto público.

Con la autorización de enajenación aprobada por el Consejo comienza el proceso competitivo para que las empresas interesadas realicen formalmente las ofertas sobre el conjunto de oficinas. Tras la valoración de éstas por parte de una comisión técnica, se cerrará la operación con la sociedad que ofrezca condiciones más ventajosas. Una vez terminado el proceso, se transmitirán los inmuebles a los compradores y la Junta de Andalucía recibirá el montante final resultado de esta gestión.

Gran parte de los edificios se encuentran en zonas céntricas, si bien se han excluido de la operación todos aquellos que están catalogados como Bienes de Interés Cultural y que se consideran emblemáticos.