La Junta pide 30 años de cárcel para los acusados de Fundación Guadalquivir en el caso de las mordidas

La Junta de Andalucía ha presentado su escrito de calificación provisional respecto al llamado caso de las 'mordidas' de la Fundación Guadalquivir, que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba y ha pedido las mismas penas solicitadas por la Fiscalía para los tres acusados, un total de 30 años de prisión, por la presunta comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores y otros dos de fraude de subvenciones públicas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Junta de Andalucía, que está personada en este procedimiento y que también pide que se imponga una sanción de 300.000 euros por cada delito de fraude para cada uno de los acusados, y otros 5.400 euros a cada uno por el delito contra los derechos de los trabajadores.

Estas son las penas que pide la Junta en su escrito de acusación, que ha adelantado ABC Córdoba, en relación con el procesamiento, ya decretado por el mencionado juzgado, de Ángeles Muñoz, Cristian Menacho y José Antonio González, por supuestamente “adueñarse con ánimo de ilícito beneficio” de un dinero que debió haberse destinado íntegramente al pago de los salarios de personas desempleadas que fueron contratadas gracias a subvenciones finalistas de la Junta.

Según el relato de los hechos que describe la Administración autonómica en sus conclusiones provisionales, la Fundación Guadalquivir Futuro y las asociaciones Jóvenes para el Futuro y de Vecinos Nuevo Guadalquivir solicitaron ayudas para el fomento de empleo en una zona especialmente sensible, la del Distrito Sur de la capital cordobesa.

Una vez se realizaban los contratos a personas desempleadas de larga duración, los responsables de estas entidades, los ahora acusados, presuntamente indicaban un horario laboral y un sueldo a percibir diferente al que se establecía en el contrato laboral, detrayendo de los salarios de los empleados cantidades que hacían pasar por “donaciones voluntarias”, mientras que los afectados accedían por temor a quedarse sin trabajo.

Tanto la Fiscalía, como el gabinete jurídico de la Junta creen que cada uno de los procesados tiene que cumplir una pena de tres años y siete meses de prisión por el delito contra los derechos de los trabajadores. En el caso del presunto fraude de subvenciones, coinciden en pedir una pena de tres años de prisión por cada uno de los dos delitos.

La acusación particular, que ejercen ex trabajadores afectados, considera, por su parte, que el primero de los cargos debe tener un castigo de cuatro años de prisión para cada uno de ellos y eleva a tres años y seis meses la petición para el delito de fraude de ayudas públicas, mientras que la acusación popular, que ejerce el partido Podemos Andalucía, todavía no ha presentado sus conclusiones provisionales.