La Junta inicia expediente de sanción económica para iDental
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba ha iniciado el procedimiento para imponer una sanción a la clínica odontológica iDental en Córdoba, acusada de presunto fraude masivo en un caso que sigue la Audiencia Nacional y en el que hay miles de consumidores afectados tras el cierre de la clínica, al haberse quedado con tratamientos a medias ya financiados.
Así, la administración autonómica ha iniciado el procedimiento sancionador en materia de consumo -según ha podido confirmar este medio-, aunque la sanción no es firme aún y no es público el montante de la misma. Así, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicaba este jueves el procedimiento sancionador al haber intentando sin éxito la notificación a la firma odontológica.
La sanción propuesta se realiza a los dos nombres conocidos de la empresa que estaba tras iDental: primero, la razón social de la misma hasta 2017 bajo el nombre de CBD Unión Dental SL y, posteriormente, a partir de ese año, cuando pasó a llamarse Andalucía Dental Proyecto Odontológico SL. Ambos nombres aparecen en sendos procedimientos sancionadores de la Junta y ya fueron publicados por Facua cuando el caso iDental saltó.
La administración autonómica, desde Consumo, ya ha propuesto sanciones similares en otras provincias a las clínica iDental. Es el caso de Almería, conocido esta misma semana, donde expediente sancionador abierto a iDental ha concluido con una propuesta de multa de 380.000 euros por conductas “fraudulentas” y “desatención” a los clientes, sanciones previstas en la normativa general de protección de los consumidores y usuarios.
En Córdoba, el cierre de la clínica provocó que los clientes se quedaran con sus tratamientos a medias, tratamientos que ya habían financiado según requería la clínica. Los registros de la Policía Nacional en la clínica cerrada obtuvieron 14.000 historiales de pacientes que actualmente se encuentran bajo custodia en el hospital Reina Sofía.
Los historiales y todas las pruebas recabadas han de preservarse en la investigación, que se sigue desde la Audiencia Nacional dado el volumen de afectados en toda España. Se investiga si iDental incurrió en hechos constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
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