Siete años de alquiler social en el piso de un banco, dos hijos menores y un desahucio a la vista

Nerea y David viven con sus dos hijos, de 9 y 4 años, en un piso de un banco en Córdoba. Llegaron a él cuando estaba vacío y en junio de 2018 consiguieron que el banco -Cajasur-, les hiciera un contrato de alquiler social dada la vulnerabilidad de la familia. Pagaron primero 90 euros al mes y, en los últimos años, subió a 126,07 euros. El último pago que han hecho corresponde al mes de junio. Pero lo han hecho ante el juzgado, para que conste que no han dejado de pagar nunca, después de que el banco no les haya renovado el contrato y, a través de la Sociedad Andaluza de Gestión de Activos de la propia entidad, ahora pese sobre esta familia una orden de desahucio para el próximo 9 de julio.

“Con dos críos, no podemos irnos a la calle”, explica David sobre la falta de una alternativa habitacional. Esgrime, además, que cuentan con un informe de vulnerabilidad por parte de los Servicios Sociales municipales. Pero, de momento, nada de eso ha hecho que se les aplique la moratoria contra los desahucios y la orden de desalojo de la vivienda sigue en pie para la próxima semana.

La pareja reclama que se les permita seguir viviendo en ese piso o en otro pagando un alquiler social, como han hecho hasta ahora. “Nunca nos hemos negado a pagar, siempre lo hemos hecho”, argumentan.

Sin trabajo, viven con el Ingreso Mínimo Vital y David recibe un jornal cuando echa una mano a su familia en puestos del mercadillo. Ahora, cuenta, las ventas están bajas y lleva un tiempo sin que pueda ayudar a montar el puesto o a vender y recibir una ayuda por ello. Por eso, viven con más angustia la situación que les aboca ahora a tener que dejar su vivienda y cuentan con el asesoramiento y apoyo de la Plataforma Stop Desahucios de Córdoba.

Junto a ellos, Nerea y David han difundido un vídeo explicando la situación que atraviesan, para que se ponga el foco público sobre desahucios que siguen ocurriendo. En este caso, la entidad bancaria llevó su caso a los juzgados y, pese a aportar el informe de vulnerabilidad, se ha desestimado.

El abogado que lleva su defensa ha recurrido este punto y esperan ahora respuesta del juzgado con el objetivo de que el desahucio se pare, mientras piden ayuda también ante las administraciones para poder contar con una vivienda.

Desde Stop Desahucios acompañan a la familia en busca de una solución que, ante la falta de otro piso, en primera instancia pasa por que el juzgado decida parar el desalojo, o bien sea el banco quien se retracte de su decisión y renueve el contrato para que esta familia siga pagando un alquiler social y pueda mantener su vida bajo un techo como hasta ahora.

Cajasur ha informado en la tarde de este viernes que, tras la presentación del recurso por parte de la familia afectada, “por asegurar la rectitud en el proceso, hemos presentado un escrito en el juzgado, solicitando la suspensión del lanzamiento hasta que se resuelvan todas las cuestiones relativas a la declaración de vulnerabilidad y el cumplimiento de los requisitos legales para poder aplicar las medidas que la ley establece para familias vulnerables”. Ahora habrá que esperar la decisión del juzgado tras la presentación de ambos escritos.