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La Junta fomenta la eficiencia energética en los edificios públicos

Presentación de la reforma del edificio del Palacio de Congresos, realizado por la Junta. MADERO CUBERO

Redacción Cordópolis

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Técnicos de los ayuntamientos de la provincia han participado en una jornada sobre la implantación del certificado energético

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, ha inaugurado esta mañana una jornada técnica dirigida a los ayuntamientos de la provincia donde se ha convocado a los responsables municipales de urbanismo para abordar el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios públicos. Desde la entrada en vigor a mediados del pasado año de este documento, deben efectuarse certificaciones energéticas en inmuebles que estén en uso si su propietario desea venderlo o alquilarlo, así como en todos los edificios administrativos donde se ocupe una superficie igual o superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentados por el público. Así como a los edificios de nueva construcción.

El responsable territorial ha destacado que con la aplicación del certificado en los edificios públicos los ayuntamientos podrán ver y analizar que consumo tienen si son eficientes y como mejorarlos, ya que este documento incluye auditorias de análisis con información objetiva sobre las características energéticas de los edificios y documento de recomendaciones. Expósito ha informado que hasta la fecha Córdoba tiene registrados 10.977 certificados de Eficiencia Energética, “esto supone que en lo que va de año se han realizado en Córdoba el 68% de todos los certificados realizados en la provincia desde que el 1 de junio entrará en vigor su obligatoriedad. De este total el 90% pertenecen a edificios residenciales, lo que significa que aún son muy poquitos los inmuebles públicos que lo tienen”.

El delegado de Economía ha explicado que este certificado es un derecho para el consumidor y sigue la línea en la que ya viene trabajando la Junta de Andalucía sobre la base de un desarrollo económico sostenible y donde se destinan recursos para subvencionar el ahorro energético de los hogares y el uso eficiente de la energía en empresas e instituciones, “ejemplo de esta apuesta de la Junta es el nuevo Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía que está en marcha en la actualidad y que está teniendo una gran acogida y para lo que la provincia contará con casi 14,4 millones de euros”.

El Certificado Energético es un documento que describe lo eficaz que es una vivienda o un local en lo relativo al consumo de energía, con las implicaciones que tiene dicho consumo. Así, cada vivienda tendrá una etiqueta parecida a las que ya incluyen los electrodomésticos, que indica su eficiencia en cuanto al consumo de energía, agua…con un código de color según una escala que va desde la categoría A (la más eficiente) a la categoría G (la menos eficiente) con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.

Expósito ha hecho hincapié en que este certificado sirve para reducir el consumo energético y aumentar la información del comprador o arrendatario en torno a la vivienda, favoreciendo la promoción de edificios de alta eficiencia energética, informando sobre las emisiones de CO2 y facilitando la adopción de medidas para reducir sus emisiones. Esta obligación da respuesta a una normativa europea que pretende reducir un 20% el consumo energético de la UE, dándole especial importancia a los edificios por considerarse que un 40% del consumo total de la energía tiene su origen en ellos, ha puntualizado.

El ciudadano o entidad que requiera someter su inmueble a un proceso de certificación debe contactar con un profesional autorizado. Una vez expedido el certificado debe presentarlo para su registro en la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de cada provincia, debiendo conservarlo ante posibles inspecciones y posteriores transacciones. Tendrá una validez máxima de 10 años, aunque puede ser actualizado voluntariamente si así lo desea el ciudadano porque se hayan producido variaciones sustanciales en las características del edificio.

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