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La Junta contará con un sistema que detecte los territorios con mayor demanda de viviendas

Un obrero de la construcción | ÁLEX GALLEGOS

Redacción Cordópolis

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La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha avanzado que el Plan Vive en Andalucía, que marcará las políticas de vivienda para los próximos diez años, contará con un sistema de información que identificará los territorios andaluces con más déficit de oferta residencial.

Esta nueva herramienta contribuirá a cumplir el principal cometido del recién aprobado plan, que es el de promover la construcción de viviendas a precio asequible para atender a la demanda existente, sobre todo de los jóvenes, mayores de 65 años y colectivos más desfavorecidos, informa en un comunicado.

Carazo ha destacado las principales señas de identidad del Plan Vive, que pretende “revertir la política desarrollada por los últimos gobiernos y que no ha dado respuesta a las necesidades de la población”. El anterior plan en esta materia, ha recordado, no tenía objetivos de promoción de nueva vivienda protegida, que ha marcado “mínimos históricos en los últimos años”.

“La política de vivienda de este gobierno está afianzada ahora con un plan que aborda, con programas innovadores y adecuados a la realidad, la necesidad de ofrecer a los andaluces la posibilidad real de acceder a una vivienda”, ha recalcado Carazo. Entre ellos, se encuentra la futura puesta en funcionamiento de un Sistema de Información de Vivienda en Andalucía, que recopilará los datos disponibles en materia de oferta y demanda procedentes de todas las administraciones --estatal, autonómica y municipal--.

Este sistema cruzará datos como el número de demandantes, el precio de venta o en alquiler de cada territorio e incluso la oferta de viviendas protegidas o suelos disponibles en los municipios andaluces. Todo ello servirá de guía para identificar los territorios con un déficit en la oferta de vivienda en relación a la demanda real o previsible.

Así, el nuevo sistema contribuirá a cumplir los objetivos del Plan Vive, que contempla más de 217.000 actuaciones entre ayudas, promoción de nuevas viviendas y actuaciones de rehabilitación, con un presupuesto para los próximos cinco años de 690 millones de euros, provenientes de tres fuentes de financiación: autonómica, estatal y de fondos europeos. Esa inversión corresponde a subvenciones y ayudas, y generarán una inversión inducida de 2.500 millones de euros entre 2020 y 2024 y una generación de empleo de 56.750 puestos directos, a los que hay que sumar los indirectos, tanto en el sector de la construcción como en el inmobiliario.

El plan define la vivienda protegida, o vivienda a precio asequible en Andalucía, mejorando sus condiciones y su régimen jurídico, reduciendo los plazos de calificación de las viviendas en venta, lo que supone una ayuda en forma de incentivo al promotor, al comprador y a las entidades financieras para la concesión de préstamos. La medida permitirá desarrollar los suelos reservados a viviendas protegidas, incrementando la oferta de suelo para vivienda e incidiendo también en el precio del mismo.

Además, se suprimen las condiciones de diseño que encasillaban este tipo de viviendas, con los que las viviendas protegidas podrán ser iguales en características a las viviendas libres, pero con menor precio. Igualmente, se “agilizan los trámites en la gestión de las licencias y calificaciones para los promotores públicos y privados, además de apostar por la promoción pública y privada de viviendas en alquiler”.

El Plan Vive en Andalucía amplía el concepto de alojamientos a los distintos regímenes especial, general o de precio limitado, modulando así las rentas del alquiler. Al tiempo, garantiza la continuidad del parque público de vivienda de Andalucía como viviendas protegidas y la función social que cumple. Aunque el plan lleva sólo unos semanas en marcha, la Consejería ha puesto en marcha programas que suman cerca de 230 millones de euros y que posibilitarán la rehabilitación de 7.155 viviendas, la construcción de 2.728 en alquiler y la concesión de ayudas a cerca de 24.000 familias andaluzas para el pago al alquiler.

“Algunas de estas ayudas irán a paliar los efectos de la Covid-19, donde la Junta ha ido mucho más allá del Gobierno de España al aportar 13 millones al programa extraordinario para ayudar a los más afectados por esta pandemia”, ha remarcado Carazo.

En cuanto a las actuaciones de acceso a la vivienda, “sólo con el Programa de Fomento del Alquiler, con ayudas y subvenciones directas al promotor público o privado, se prevén construir 3.340 viviendas que van a incrementar directamente el parque público de vivienda en alquiler”. Por otra parte se prevén ayudas a los jóvenes para la adquisición de una vivienda, que podrán ser directas. En materia de alquiler, se prevé la concesión de ayudas al alquiler de vivienda habitual a través de diferentes programas. El plan desglosa un total de 155.000 actuaciones.

Sobre la rehabilitación residencial y urbana, el plan define programas de rehabilitación de viviendas y edificios, destinados a garantizar la seguridad en la utilización, la conservación, la eficiencia energética y la accesibilidad. Así, se propone la delimitación de áreas de regeneración urbana y accesibilidad, para concentrar las ayudas y subvenciones en áreas desfavorecidas, constituyendo éste un eje fundamental de la política de fondos europeos.

En esta línea se define un programa para actuaciones de rehabilitación de viviendas en centros históricos, así como programas para la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico susceptibles de prestar un uso distinto a los ciudadanos y otro programa de regeneración de espacios públicos urbanos.

Asimismo, se apuesta por combatir la vulnerabilidad residencial, mediante las ayudas al alquiler a personas especialmente vulnerables, personas sin hogar y mujeres víctimas de violencia de género. Para ello, se diseñan programas dirigidos a las personas físicas y también a las organizaciones y entidades sociales que trabajan con ellos.

Es la primera vez que se establece una línea de colaboración con las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la vivienda, actuando éstas como entidades colaboradoras, canalizando ayudas para el pago de hasta el cien por cien del alquiler, además de ayudas para los gastos de suministros básicos. El objetivo es crear una Red de Viviendas del Tercer Sector destinada a paliar las situaciones de emergencia habitacional.

De igual forma, el plan consolida el parque público de viviendas de titularidad de la Junta de Andalucía gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), garantizando la continuidad de la protección de las mismas en aquellas que, por su antigüedad, finaliza su periodo de protección. En este apartado se estiman cerca de 22.000 ayudas en los próximos cinco años.

Por último, en cuanto a investigación, formación y difusión, se definen programas de ayudas a la investigación en materia de vivienda destinado a las universidades públicas andaluzas, potenciando los temas dedicados a la innovación, eficiencia energética y construcción sostenible. También se establece el programa de becas de formación para jóvenes profesionales del sector de la arquitectura y la vivienda. Y se crea el Foro Andaluz de la Vivienda para la participación continuada del sector en las políticas de vivienda, en el que se encuentran representadas todas las organizaciones sociales y agentes económicos del sector.

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