A juicio el exgerente del Consorcio de Bomberos acusado de malversar más de 600.000 euros

El exgerente del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Córdoba, el socialista Antonio Navarrete, y el exjefe de Administración y Contabilidad de dicho ente, M. L., se enfrentan a ocho años de prisión por los presuntos delitos continuados de malversación de fondos públicos y falses en documento oficial, para el primero, y a seis años de cárcel por cooperador necesario para el delito de malversación, para el segundo. El juicio comenzará el próximo 16 de diciembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba y será por jurado.

Según el escrito de Fiscalía, Navarrete habría malversado más de 600.000 euros -610.279,47 euros- desde 2001 a 2012, período en el que fue gerente del Consorcio. Desde el 1 de enero de 2007 al 14 de marzo de 2012 -fecha de su cese provisional- realizó desde la cuenta del Consorcio de Bomberos a la suya propia un total de 46 transferencias por 310.891,28 euros sin justificar, señala el fiscal.

Durante el período comprendido entre abril de 2001 hasta julio de 2006, el acusado “ingresó en su cuenta persona un importe de 127.860,65 euros en concepto de 2.090 horas extraordinarias no realizadas e indebidamente cobradas”. Para ello, el procesado “confeccionó dos nóminas: la primera de ellas -nombre A- se archivaba en los Libros de Registro Oficial de nóminas y en ellas no se incluía el concepto de gratificación por dichas horas. En la segunda -nombra B-, que quedaba registrada  en el sistema informático del Consorcio, incluía el concepto grat. H. Extras Estructurales, siendo éste el importe efectivamente transferido a su cuenta”.

Según la naturaleza de su cargo, continúa el fiscal, al acusado “no le correspondía el cobro de dichas horas” ya que el artículo 30 del acuerdo marco entre sindicatos y dicho consorcio prohíbe la realización de las mismas.

Asimismo, el acusado transfirió a su cuenta personal desde la cuenta titularidad del Consorcio un total de 95.414 euros en concepto de anticipos reintegrables o quincenales de nóminas entre los ejercicios de 2000 y 2012, una cantidad que “no devolvió ni compensó”. Estas transferencias, sostiene el fiscal, “se hicieron sin haber seguido el procedimiento que regulan los dos acuerdos suscritos por los sindicatos y el Consorcio”.

Además, “y de manera injustificada, el procesado dio de baja en la contabildiad del ente público” el derecho del Consorcio “a percibir las sumas anticipadas, de modo que a partir de dicho momento el  acusado no aparecía como deudor del Consorcio”.

A todo el importe detallado se suma una serie de pagos realizados entre noviembre de 2010 a febrero de 2012 por un importe de 76.113,54 euros que el procesado también ingresó en su cuenta, montante procedente del Consorcio, y no asociado a ninguna factura.

Como colaborador necesario para esta malversación de fondos públicos, el fiscal señala al extrajabador M. L. que durante los años señalados desempeñó el cargo de jefe de Administración y Contabilidad, para lo cual recibió un plus mensual de 844,11 euros dado que cubría un puesto provisional hasta que la plaza saliera a concurso públicio. El fiscal señala que si este trabajador hubiera realizado sus funciones, “premeditadamente omitidas, ninguno de los hechos se hubieran realizado o, al menos, no hubieran continuado en el tiempo”.