El juez imputa a otras seis personas por la ocupación de Rey Heredia

Rodríguez Laínz llama a declarar el próximo 7 de abril a las seis personas que estaban en la Acampada Dignidad cuando la Policía Nacional acudió a hacer su informe

El número de imputados por la ocupación del antiguo grupo escolar de Rey Heredia es ya de 14 personas. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha imputado a las seis personas que el pasado 28 de enero visitaron la Acampada Dignidad, a petición del magistrado, para realizar un informe de lo que ocurría allí dentro. Como eran las 16.00, en Rey Heredia sólo había seis personas, que fueron identificadas por los agentes. Estas seis personas son las que el próximo 7 de abril tienen que acudir a declarar al Juzgado en calidad de imputadas. Aún desconocen de qué delito se les acusa, ya que no será hasta el próximo 3 de marzo cuando recojan la citación judicial.

Como ya informó este periódico el pasado 28 de enero, la visita de la Policía Nacional se desarrolló en un tono muy amable y cordial, según las fuentes. Los agentes estuvieron dentro del colegio una media hora, en la que fotografiaron las dependencias y preguntaron a los responsables de la Acampada Dignidad por las actividades que realizan en su interior. A la media hora, y siempre de forma muy amable, los policías se marcharon.

Uno de los portavoces de la Acampada Dignidad, Rafael Juan (y que está entre los imputados), expresó que se atendió a la Policía con amabilidad y que cuando preguntaron que quién era el responsable de la ocupación respondieron que todos.

El juez instruye una causa en la que el Ayuntamiento de Córdoba está personado y solicita el desalojo de la Acampada Dignidad de un edificio que es de su propiedad pero que llevaba más de dos años vacío. La denuncia que inició la instrucción judicial se produjo en la primera jornada de la ocupación, la tarde del viernes 5 de octubre. Ese día, tras una manifestación contra los recortes de las pensiones, un grupo de personas se concentró frente al colegio, cerrado desde 2011, y abrieron las puertas. A algunos de ellos la policía les ordenó que se identificasen.

Desde entonces, el centro público ha sido remozado, limpiado y puesto en marcha como centro social y nudo de lo que se ha bautizado como la Acampada Dignidad. Y todo, bajo una espada de Damocles municipal que no acaba de caer pero que amenaza, casi desde el primer día, con desalojar a los vecinos y voluntarios del histórico inmueble.