La juez Alaya imputa a José Romero de Prasa y a dos Sánchez Ramade

La magistrada investiga cómo se adjudicó el concurso para adjudicar todos los suelos de Mercasevilla y si las empresas que se presentaron pactaron entre sí

A nivel nacional, el titular del último auto de la famosa juez Alaya se lo ha llevado la imputación, por error, del padre fallecido de la ministra de Empleo Fátima Báñez. Sin embargo, el auto es más importante de lo que ha trascendido por que Mercedes Alaya ha imputado a seis empresarios en el caso Mercasevilla entre los que destacan tres cordobeses: el presidente del consejo de administración de Prasa, José Romero González, y el propietario y el apoderado de Edamar (una empresa propiedad de la familia Sánchez Ramade que es Ramade al revés), Martín Eugenio Sánchez Ramade Moreno y Vicente Sánchez Ramade Carrascosa. Junto a ellos están imputados el presidente de Realia, Ignacio Bayón y la presidenta de Azucarera Larios, Barbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff. También en esta nueva remesa de imputados está el padre de la ministra de Empleo, Eduardo Báñez, propietario de la empresa Juan de Robles, aunque el fiscal ya ha precisado que el que debía ser imputado es el hermano de la ministra y no el padre, fallecido hace diez años.

Estos empresarios están imputados por, presuntamente, haber presentado ofertas falsas en la adjudicación de unos suelos propiedad de Mercasevilla en un concurso convocado por el Ayuntamiento de la capital andaluza. Según sospecha la juez Mercedes Alaya, apoyada en las indagaciones de la Guardia Civil, el concurso ya estaba adjudicado a la empresa Sanma y todas estas empresas lo sabían. Según la juez, la oferta de Sando no era la más ventajosa para las arcas municipales de todas las que pretendían hacerse con el suelo de Mercasevilla. La juez sostiene que estas empresas no incluyeron en sus propuestas ni oferta técnica ni social, de forma deliberada, para no resultar adjudicatarias.

Todos los imputados están llamados a declarar el próximo viernes 14 de junio en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Estas nuevas imputaciones son una evolución más de esta macrocausa judicial que se inició en el año 2009 y que mantiene a un total de 15 imputados, entre otros el portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. De la evolución de esta macrocausa se desgajó una pieza separada que ha sido, a su vez, mayor incluso que la primera: la trama de EREs falsos tramitados a través de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.