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La juez absuelve a Enríquez, promotor de Los Jardines, de delito fiscal

José María Enríquez, en el centro, entrando a la Audiencia Provincial. | MADERO CUBERO

Redacción Cordópolis

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La magistrada considera que no ha quedado acreditado que se eludiera el pago del IVA y añade que el constructor se puso al día con Hacienda en ejercicios posteriores

El constructor y promotor de Promociones Los Jardines, José María Enríquez, ha sido absuelto del delito fiscal al que se enfrentaba. La titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba considera que las supuestas operaciones ficticias realizadas por Enríquez y sus empresas para eludir el pago del IVA no han quedado acreditadas. Además, asegura que se puso al día con Hacienda en ejercicios presupuestarios posteriores.

El fiscal ya había rebajado la petición de pena solicitada para Enríquez de 10 a cuatro años por no pagar el IVA y el impuesto de Sociedades en los años 2001 y 2002. “Todas las operaciones son reales y están pagadas”, señaló en la primera vista. Enríquez contestó así a una de las innumerables preguntas a las que fue sometido por la Fiscalía. Agotado, Enríquez repitió: “Todas las operaciones son reales y están pagadas”. El promotor se sentó en el banquillo de los acusados junto a su esposa y a uno de sus socios, que también han sido absueltos.

Según la acusación de la Fiscalía Provincial y de la Abogacía del Estado, que actúa en representación de la Agencia Tributaria, Enríquez realizó distintos cambios de titularidad de terrenos e inmuebles que habiendo sido adquiridos por empresas del grupo sin soportar IVA. “Llegado el periodo impositivo con claro ánimo defraudatorio los acusados llevaron a cabo contratos privados ficticios de compraventa de inmuebles y adquisición de servicios con empresas del mismo grupo o de terceros generando un IVA soportado irreal para compensar el repercutido”, sostiene el fiscal, que cifra en cuatro millones de euros el fraude. Sin embargo, esta cantidad no ha sido acreditada, según afirma la juez en su sentencia.

Antes del interrogatorio del fiscal y ante el juez, José María Enríquez aseguró ante la juez titular que la forma de gestionar sus distintas empresas inmobiliarias y de promoción de viviendas “la aprendí de Joaquín Rivero”, responsable de la multinacional Metrovacesa. Su abogado también pidió que se suspendiera el juicio ya que consideraba que los delitos estarían prescritos. La Fiscalía y la Abogacía del Estado contestó que no, que las primeras denuncias se interpusieron en 2005, cuando se abrieron las diligencias y que por tanto no habrían prescrito. El juicio continuó.

La Fiscalía interrogó a Enríquez por tres operaciones de compraventa concretas, dos en Córdoba y una en Arcos de la Frontera. En la que más insistió el fiscal fue en la que firmó con una filial de Eroski para la construcción de un supermercado en la avenida de Cádiz, y también para la edificación de un hotel. Enríquez sostuvo que la filial de Eroski le obligó a una ingeniería financiera por que “nos retuvo la renta durante cinco meses” y los bancos no le concedían financiación. “Las empresas multinacionales tienen esas cosas”, aseguró, al tiempo que concretó que “eso fue así y está todo documentado”. En esta operación, su mujer intervino como accionista, “pero no firmó nada”, aseguró, por lo que lamentó que esté sentada en el banquillo de los acusados bajo una petición de condena de cuatro años de cárcel.

Otra de las operaciones tuvo que ver con el tercer acusado, que también se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel y es referente a la compra de un terreno por el que la Agencia Tributaria entiende que se pagó una comisión más elevada de lo que se pagaba antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. La misma se produjo en el año 2002. Este acusado, J. A. A., vendió a Enríquez unas fincas de Arcos de la Frontera por 8.414.169 euros, “deduciéndose una cuota de IVA como soportado que asciende a 1.346.267 euros”, explica el fiscal.

En cuanto a una operación con Inmobiliaria Osuna, Enríquez achacó a la Agencia Tributaria de haber cometido un error al calcular el impuesto que correspondía, ya que lo hizo sobre una superficie de 60.000 metros cuadrados que en realidad, y según su testimonio, era inferior a 10.000 metros.

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