La interventora duda que se pueda construir el tanatorio si Cecosam no está en equilibrio contable

“De estar incursa” Cecosam “en desequilibrio presupuestario no cumpliría con los criterios exigidos por la norma para la puesta en marcha de un nuevo servicio público”. El servicio público es la construcción de un tanatorio en el cementerio de San Rafael y las comillas corresponden a la conclusión de un informe elaborado por la Intervención General de Fondos, que duda de esta manera de que se pueda iniciar el proyecto si, como parece, Cecosam sigue en desequilibrio financiero.

La interventora ha evacuado este informe a petición de Tanatorios de Córdoba y con fecha de 23 de febrero. El documento lo ha hecho público el PP, que lo ha pedido y que denuncia que tanto la presidenta de Cecosam, la concejala Mar Téllez, como su gerente, lo han mantenido oculto a los consejeros de la compañía. Tras ello, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, y el concejal Luis Martín, han pedido la “suspensión del procedimiento” y el cese tanto de la presidenta de Cecosam como de su gerente “por ocultar información relevante” a los consejeros de la compañía.

El informe de la interventora general, Paloma Pardo, insiste en que si Cecosam está en desequilibrio financiero no puede iniciar proyectos de esta envergadura hasta que lo resuelva. De hacerlo, iría contra la normativa y por tanto sería irregular. Fuentes ha insistido en que este documento “nos da la razón” en que Cecosam no ha seguido “el procedimiento” para la puesta en marcha de esta iniciativa.

“El hecho de que Cecosam no contabilice adecuadamente las transferencias que recibe de su ente matriz”, el Ayuntamiento, “propiciaría que sus cuentas anuales no reflejasen la imagen fiel de su situación económica-financiera”. Es decir, Cecosam sale de pérdidas gracias a las aportaciones del Ayuntamiento. Y con esas cuentas, no puede iniciar un proyecto de esta envergadura, insiste el documento.

“La interventora dice que las sociedades mercantiles son todas iguales. Aquí no cabe ningún privilegio en ayuda para intentar a través de la transferencia corriente enjugar déficit”, señala Salvador Fuentes, quien agrega que “si se trata de ejercicio de actividad económica en términos de libre competencia y no de monopolio debe valorarse la aportación municipal como ayuda prohibida incompatible. Debe valorarse si la ayuda que está dando el Ayuntamiento a la empresa pública es ayuda prohibida e incompatible” por la Unión Europea, señala el concejal popular.

“Esto no es una chapuza sino una actuación deliberada. Aquí hay una inseguridad jurídica que Córdoba no se merece. Nos estamos saltando a la torera la ley. Y eso es muy grave”, insistió el edil, quien denunció que “nos hemos gastado 115.000 euros en el proyecto. ¿Quién paga ahora?”.