El Gobierno y la Iglesia negocian un estatuto especial para regular la situación de la Mezquita

Más allá del ruido, del cruce de declaraciones, de informaciones y desmentidos, el viaje de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo al Vaticano ha provocado que algo cambie en las relaciones entre la Iglesia y el Estado español. Según ha podido confirmar este periódico de varias fuentes, y ha avanzado Eldiario.es, el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Española están negociando profundos cambios entre las relaciones entre las dos instituciones para solucionar, de una vez por todas, la situación generada por las masivas inmatriculaciones eclesiásticas y la de monumentos Patrimonio de la Humanidad y distintas catedrales.

El Gobierno y la Iglesia están negociando un estatutos especial para regular la situación de monumentos como la Mezquita Catedral, que tienen culto católico y que son grandes atractivos turísticos. Pero también de catedrales como las de Sevilla, León o Burgos, o El Pilar en Zaragoza, en situaciones similares a la Mezquita. El objetivo final pasaría por una gestión compartida de estos monumentos, según han apuntado diversas fuentes a este periódico.

Más allá de expropiaciones o de judicializar el asunto, tanto el Gobierno como el Vaticano quieren alcanzar un acuerdo que pueda poner fin, en su mayor parte, a la polémica de las inmatriculaciones. Las negociaciones se llevan a cabo al máximo nivel. De hecho, han tomado un nuevo rumbo después de la elección de Luis Javier Argüeyo García como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, en sustitución de José María Gil Tamayo. Argüeyo es próximo a las tesis del Papa Francisco y está alejado de las de los obispos ultraconservadores de la órbita de Rouco Varela, que se niegan en redondo a negociar nada con el Gobierno del PSOE.

El caso de la Mezquita, por tanto, es especial, pero no escapa a las negociaciones dentro de un paquete de los grandes bienes monumentales que gestiona la Iglesia en toda España. El Vaticano, muy afectado por los escándalos de abusos sexuales de sacerdotes (en Córdoba un cura acaba de entrar en prisión por ello), quiere zanjar el asunto de las inmatriculaciones y el pago de impuestos. Así, se opta por avanzar en una gestión conjunta del monumento, con la creación de una especie de patronato mixto en el que el Gobierno busca participar en la interpretación de los edificios y regular fiscalmente la recaudación. Se crearía, algo que la Iglesia no rechaza, una especie de patronato. Eso sí, el Vaticano pretende no entrar en el asunto de la titularidad del bien y discutir otro tipo de inmatriculaciones no relacionadas estrictamente con el culto católico. En Córdoba hay varios ejemplos. Uno, la plaza del Pocito en la Fuensanta.

En cuanto al IBI, la Iglesia se muestra dispuesta a afrontarlo. Pero para hacerlo se estudia la vía italiana, según las diferentes informaciones publicadas. La Conferencia Episcopal está dispuesta a que se pague IBI en aquellos edificios que no se dedican al culto, pero no a estar ajenos a la Ley de Mecenazgo. Esta normativa estatal exime del pago del IBI a muchos colectivos sociales, fundaciones y hasta a partidos políticos y sindicatos, aparte de otras confesiones religiosas.

El objetivo de estas negociaciones es que se aceleren, según las fuentes. A un previsible adelanto electoral se une que dentro de dos años habrá elecciones en la Conferencia Episcopal, que podría volver a ser dominada por el ala más conservadora y más alejada a las tesis del Papa Francisco. Está por ver que lleguen a buen puerto.