Ganemos exige a la alcaldesa más implicación en la lucha por el derecho a la vivienda

El coportavoz del grupo municipal Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, que “afronte la lucha por el derecho a la vivienda” y justifique cuáles son las actuaciones que está haciendo para presionar a la Junta de Andalucía en aumentar el parque público de viviendas, dependiente de la administración autonómica.

Blázquez ha hecho estas declaraciones ante la respuesta, a su juicio, “insuficiente”, que le han proporcionado desde Alcaldía a la pregunta formulada en el pleno de febrero sobre qué está haciendo el Ayuntamiento para reclamar a la Junta más vivienda social en nuestra ciudad.

En este sentido Blázquez ha recriminado a la Junta “no tener un plan para atender la emergencia habitacional de la ciudad de Córdoba, y encima el Ayuntamiento no se lo exige”, ha declarado, “y sin esta medida sólo se van a poner ”tiritas ante la hemorragia que sufrimos en materia de vivienda“.

El concejal ha comentado además que la alcaldesa “ha tardado dos meses en darnos una respuesta, a nuestro juicio insuficiente, y lo que ha hecho es un corta y pega de las medidas que hace la Junta”.

El edil ha hecho referencia a la ley de Tanteo y Retracto, aprobada la semana pasada en el Parlamento, que le permite a la Junta de Andalucía adquirir de manera preferente las viviendas en el tramo final del los procedimientos de ejecución hipotecaria, para poderlas ofrecer a las familias que están amenazadas de desahucio por los bancos. “Con esta ley”, ha dicho, “lo que está haciendo la Junta es ”rescatar de nuevo a los bancos y no a las personas y se les está facilitando que el procedimiento de ejecución hipotecaria se lleve a término y para colmo, desincentiva que el banco llegue a un acuerdo con las familias amenazadas de desahucio“.

Según Blázquez “la medida estrella de la Junta de Andalucía en materia de vivienda, con una dotación de 4.420.000€ de aquí a 2020 es una ley que, en el mejor de los casos, permitiría aumentar el parque público en 7 viviendas por provincia y año; evidentemente esto es inaceptable y eso significa que tenemos que presionar para que la Junta cambie esa política”.

“Con esa previsión”, ha incidido “evidentemente, no se puede atender a las 1500 familias cordobesas, acreditadas por los servicios sociales que no pueden optar a otra cosa que no sea alquiler social, y que esperan años o décadas hasta que se les asigna una”. Por último el edil ha recalcado que España esta a la cola en materia de vivienda social “con un parque que representa tan sólo un 2% mientras que en Europa esa reserva supone entre un 15 y un 30%”, ha concluido.