Ganemos aboga por la sostenibilidad, la justicia social y una economía solidaria

Rafael Blázquez recogiendo avales en un mercado. | ÁLVARO CARMONA
La agrupación de electores se compromete a desarrollar planes de actuación para recuperar el tejido industrial en sectores relacionados con el desarrollo sostenible

Ganemos Córdoba aspira a luchar por un proyecto de ciudad regido por la sostenibilidad, la justicia social y una economía de carácter solidario. Así lo expresó ayer la candidata número 4 de la agrupación de electores, Mª Ángeles Aguilera, durante su intervención la Mesa-Debate sobre Políticas Municipales a favor de la Economía Social y Solidaria, organizada por la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A) y la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Andalucía (REAS) en el marco del XII Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria 'Idearia'.

Aguilera adelantó algunas de las medidas que vertebran el eje programático 'Por una ciudad verde y sostenible', incluido en el Plan de Gobierno Municipal que será aprobado el sábado en asamblea. Así, explicó que Ganemos Córdoba pretende “acortar distancias entre productores y consumidores, fortalecer la actividad económica local y favorecer una mayor democratización de la economía mediante la potenciación de las PYMES”.

Desde el futuro Ayuntamiento de Ganemos Córdoba se desarrollarán planes de actuación para recuperar el tejido industrial en sectores relacionados con el desarrollo sostenible, “como el turismo responsable, la agroecología o la manufactura y transformación de alimentos, así como el textil, el calzado y la artesanía”. Además, aseguró Aguilera, se apoyarán las iniciativas que pongan en marcha “mercados sociales de carácter asociativo o cooperativas de productos ecológicos, procedencia local o producción ética”.

Asimismo, Ganemos Córdoba desarrollará una gestión responsable de los recursos públicos para que estos supongan una “palanca de generación de riqueza” distribuida de forma “más justa y solidaria”. Para tal fin, se establecerá una estrategia con criterios de sostenibilidad social, ética y ambiental para llevar a cabo cualquier contratación pública, asegurando en todo momento la total comunicación y transparencia.

Además, Ganemos Córdoba pondrá los medios para evitar que las empresas o entidades concesionarias incumplan convenios y normas de seguridad y riesgos laborales, así como para asegurar que se implementen mecanismos que favorezcan la conciliación familiar y laboral. Los criterios sociales, ambientales y de Comercio Justo serán prioritarios en cualquier proceso de contratación o compra que realicen el Ayuntamiento o cualquiera de las empresas municipales.

El nuevo gobierno municipal activará medidas para realizar una reserva de mercado que permita la contratación pública con empresas de inserción y centros especiales de empleo en servicios estratégicos como la jardinería o la limpieza. En este sentido, “contaremos con entidades como Zoveco, Fepamic, BATA y tantas otras que este Ayuntamiento ha dejado fuera de la contratación pública por no pertenecer a su entorno ideológico”.

Para asegurar la transparencia en la contratación municipal, Ganemos Córdoba realizará auditorías de seguimiento e informes de trazabilidad en la ejecución de los contratos, con el objetivo de evaluar los resultados y los impactos generados en la ciudad. Las empresas adjudicatarias “no sólo tendrán que acreditar un buen balance económico, sino también un balance social y medioambiental positivo”.

Aguilera explicó que, para hacer realidad este proyecto de ciudad, resulta “imprescindible” poner en marcha un nuevo “municipalismo transformador” que realice el tránsito “de una gestión piramidal a una participativa dentro del Ayuntamiento y sus empresas”, sustentada “en una ciudadanía proactiva” que trabaja diariamente desde los barrios y los distintos colectivos en esta dirección.

Desde Ganemos Córdoba existe el convencimiento de que “hay que seguir extendiendo

y tejiendo redes con estos actores de la nueva economía social y solidaria“, que supone una garantía para que ”el

bienestar de las personas y las comunidades se convierta en centro de todas las políticas económicas“.

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