La Fiscalía pide 40 años para Bretón por doble asesinato

El Ministerio fiscal pide que el padre de Ruth y José cumpla al menos la mitad de la pena antes de obtener el tercer grado

José Bretón, el padre de Ruth y José, se enfrenta a una petición de condena de 40 años por un doble delito de asesinato, según la calificación que el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, acaba de remitir al Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, dirigido por José Luis Rodríguez Laínz, que es el que ha dirigido el caso en el año y medio que ha durado.

El texto de la Fiscalía echa mano del artículo 36.2 del Código Penal vigente para solicitar expresamente que a Bretón “no podrá concedérsele el tercer grado hasta el cumplimiento de al menos la mitad” de la pena impuesta.

El fiscal considera que Bretón es el autor material de la muerte de forma “que no ha podido quedar acreditada” de sus dos hijos a los que incineró en una enorme hoguera que prendió en su finca de Las Quemadillas el 8 de octubre del año 2011. Por ello, además de los 40 años de cárcel que solicita (20 por asesinato), reclama la prohibición de acercarse a la madre de los pequeños y exesposa del acusado, Ruth Ortiz, a menos de 1 kilómetro durante 42 años (21 por delito cometido). De la misma forma, solicita el pago de 12 meses de multa por el delito de simulación de delito a razón de 10 euros por día y la obligación de indemnizar a Ortiz con 600.000 euros (300.000 por cada vástago).

Bretón, que está en la cárcel desde finales del mes de octubre de 2011, se enfrenta también a una multa por la presentación de una denuncia falsa. El encartado sigue defendiendo que el 8 de octubre llegó al parque Cruz Conde con sus hijos, donde los perdió de vista. A pesar de todas las evidencias que a lo largo de este año y medio ha conseguido reunir la instrucción y la Policía Nacional en su contra, Bretón sigue sosteniendo que él no mató a sus hijos. Su abogado, José María Sánchez de Puerta, ha dicho en su nombre que considerarlo el asesino de sus hijos es “una aberración”.

La finca de Las Quemadillas, a las afueras de Córdoba, ha centrado durante todo este año y casi medio la atención de la policía y el juez. A todos les obsesionaba la hoguera que Bretón había prendido la misma tarde en que desaparecieron sus hijos. Todos los indicios, todas las pistas conducían a esa finca de 10 hectáreas cubierta de naranjos y olivos. Los huesos que encontraron entre las brasas, terminaban de dar forma a un ecuación bastante simple.

Pero los resultados de los análisis afirmaban que solo se habían quemado pequeños animales. Aquello volvió el caso mucho más enrevesado, eliminando elementos para despejar la incógnita. La policía regresó una y otra vez a buscar enterramientos, zulos u otras posibilidades. Pero todos volvían la kirada una y otra vez allí donde estuvo la hoguera y se preguntaban si realmente sólo quemó ratones, perros y gatos. La idea de que hubiese incinerado animales el mismo día en que desaparecieron sus hijos ya era lo suficientemente inquietante como para pensar lo peor.

Uno de los que sospechaba de ese fatal desenlace era Luis Avial, el director de una empresa de gerorradar, contratada por la policía para prospectar el terreno en busca de enterramientos. Él insistió a la familia materna para que buscase una segunda opinión acerca de aquellos huesos. Y les aconsejó que acudieran al experto Francisco Etxeberria.

Fue el profesor de la Universidad del País Vasco quien descubrió que los primeros análisis de octubre de 2011 habían errado. Los exámenes de la Policía Científica determinaron que los huesos eran de animal, cuando en realidad eran de dos niños de edades similares a las de Ruth y José. Como lo certificaron, más tarde, otros cuatro informes posteriores encargados a raíz del dictamen de Etxeberria. La propia forense que dijo que los huesos eran de origen no humano reconoció su error y pidió disculpas. Concretar su identidad a través del ADN es prácticamente imposible pero a ninguno de los más de 10 peritos que han trabajado en el asunto les cabe las menor duda de que son ellos.

Si el tribunal atiende las demandas de la Fiscalía, Bretón deberá pagar 137.335 euros al Ministerio del Interior por los gastos de la búsqueda, 5.500 euros a la empresa de georradar que buscó a los pequeños y 22.500 al Ayuntamiento de Córdoba por las múltiples tareas de rastreo.