Fiscalía imputa al exalcalde de El Carpio por pagos irregulares

Vista general del Carpio
El Ministerio Público observa indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos en la gestión de Benavides Jurado, del PSOE |

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha imputado al exalcalde socialista de El Carpio, Benavides Jurado, al encontrar “indicios que pudieran ser constitutivos de infracción penal”, señala una nota de prensa de Izquierda Unida. En concreto, el Ministerio Público investiga si Jurado ha incurrido en prevaricación de funcionario público y malversación de caudales públicos. El Consejo Local de IU en El Carpio ya ha anunciado que se personará como acusación particular en la causa. Y todo ello, cuando solo quedan dos meses para las elecciones locales.

Izquierda Unida, que actualmente gobierna en municipio, denunció hace cuatro años que cuando accedió al Ayuntamiento, encontró un agujero de más de 350.000 euros que habría servido para pagar sobresueldos y gratificaciones a una docena de trabajadores laborales del Ayuntamiento ligados al grupo socialista entre 2006 y 2011.

Por todo ello, se nombró una comisión de investigación en el Consistorio y se puso en conocimiento del Fiscal sus conclusiones. Según las mismas, los pagos irregulares no se declaraban a la Seguridad Social pero sí sufrían las retenciones del IRPF. Esto suponía que, en algunos casos, se llegase a cobrar hasta 90.000 euros en un solo año. Las conclusiones de la comisión solo fueron votadas por IU, mientras que el PSOE las rechazó (su portavoz es el exalcalde Benavides) y el PP se abstuvo.

Según el actual regidor, la vinculación entre las personas que se veían beneficiadas con el PSOE es claro ya que uno de los que más cobró es actualmente concejal del partido socialista. Estos cobros se realizaban siempre en concepto de horas extras de trabajadores con contrato laboral que se iban encadenando convirtiendo a estos empleados en personal indefinido. Algunas de sus nóminas podían pasar de una media jornada de 545 euros al mes a recibir un extra de 1.400 euros por unas horas extras que no eran controladas ni comprobadas, según los denunciantes. En total fueron una quincena de trabajadores los beneficiados, si cien media docena fueron los que más cobraron, señala el alcalde Sánchez.

Y la práctica siguió entre 2006 y 2011 a pesar de los reparos que presentaba el interventor y que no conocía la oposición. Estos pagos sumaron en 2006 unos 85.000 euros; en 2007 fueron 46.000; en 2008, 46.000; en 2009 otros 95.000 y un año después, 74.000 euros.

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