El fiscal dice que la presidenta y secretaria de la UMEC “reconocen facturas falsas”

El fiscal considera que la expresidenta de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba (UMEC) María Fernández Pino y la ex secretaria general, acusadas de un delito de apropiación indebida, tras supuestamente desviar a sus patrimonios fondos de las cuentas de la entidad por cerca de 200.000 euros, “reconocen hechos delictivos, con la emisión de ocho facturas falsas”, así como “la existencia de importantes irregularidades”.

Durante la exposición de su informe final en el juicio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que ha quedado visto para sentencia, el Ministerio Público ha detallado que dichas facturas eran “para justificar subvenciones de la Junta de ocho proyectos que no habían culminado”.

Al respecto, la expresidenta “de forma caprichosa y unilateral” atribuyó funciones de tesorería a la exsecretaria, según el fiscal, quien ha afirmado que Fernández Pino dijo que “perdió la confianza” en la ex secretaria general, si bien ésta dejó el cargo “ante el aumento de tropelías”.

Igualmente, ha señalado a testigos con “credibilidad suficiente” que relataron “la gestión caótica y unipersonal” de la expresidenta, a lo que ha agregado que “queda claro que no existía contabilidad”, así como que “hay determinados actos de distracción de dinero”, para lo cual ha citado “el uso injustificado” de una tarjeta de crédito de la asociación.

En este sentido, el Ministerio Público ha puntualizado que “la caja no estaba sometida a ningún control” y que “era administrada de forma caprichosa por las dos acusadas”, al tiempo que ha aseverado que la actuación de la exsecretaria era de “cooperación necesaria para el saqueo del patrimonio” de la UMEC, pero cree que se le puede aplicar la atenuante de dilaciones indebidas con “una pena acorde”.

No obstante, ha apuntado al “mal comportamiento procesal por abuso de recursos” supuestamente por parte de Fernández Pino, de manera que ha dicho que a su defensa “se deben las dilaciones”. También, ha subrayado que “debe ser resarcido el patrimonio” de la UMEC para “no perjudicar a los miembros y acreedores”.

“Costó mucho trabajo levantar” la entidad

Por su parte, la expresidenta de la asociación defendió en su declaración que le “costó mucho trabajo levantar” la entidad, a la vez que explicó que “los pagos se comunicaban y aprobaban por la junta directiva”. Igualmente, aseveró que “la tesorera no aparecía por allí”, aunque “se le insistía que fuera”, según la expresidenta, quien remarcó que “normalmente estaba poco tiempo en la sede”.

Entretanto, precisó que entró como presidenta en el año 2002 hasta 2007 y ella es la que proponía los cargos que luego ratificaba la junta directiva, de manera que eligió a la exsecretaria general, a quien no le renovaron el contrato en 2007 después de haber tenido la presidenta “un problema” con ella y perder la confianza “completamente”, según su relato.

Mientras, la exsecretaria general expresó que ella “no manejaba el dinero”, ni llevaba “el control de fondos”, al tiempo que se declaró “totalmente inocente” de los hechos por los que está acusada.

Además, detalló que ella se fue de la asociación con “cero documento” después de unos meses de “guerra”, entre ello en la relación con la expresidenta, y aclaró que no asumió “funciones de tesorera”, aunque le ordenaban los pagos corrientes con talones, que firmaba “mancomunados” junto a la expresidenta, después de que se consultara a ésta última sobre las cantidades, según ella.

Al respecto, las acusaciones pedían para cada una en sus calificaciones iniciales penas de cuatro años de prisión y multas de 10.800 euros. Según recoge la calificación inicial del fiscal, durante 2006 y 2007 ambas ostentaron los citados cargos y en el transcurso de los dos años supuestamente “actuaban de mutuo acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio” durante la gestión de la asociación de forma “caótica”.

“Dinero sin justificación alguna”

Así, el fiscal relata que “incumplieron la obligación estatutaria de llevar un libro de cuentas, sin llevar un control de contabilidad, ni libros de ingresos y gastos, cuentas anuales, cuentas de pérdidas y ganancias ni balance ni tampoco hojas de dietas”, al tiempo que, según el Ministerio Público, realizaron “numerosas operaciones en efectivo o con talones al portador”.

Además, explica que ambas acusadas, “partiendo de que las cuentas bancarias de la UMEC eran mancomunadas con dos firmas autorizadas de la presidenta y secretaria”, supuestamente aprovecharon “la inexistencia del más mínimo control” de la situación económica de la asociación y “fueron incorporando a su patrimonio importantes cantidades de dinero sin justificación alguna”.

Por ejemplo, y a pesar de que el cargo de presidenta “no era retribuido”, decidió, “unilateralmente y con conocimiento y consentimiento de la otra acusada”, asignarse ingresos mensuales de 2.000 euros para lo cual cada mes extendía un talón bancario contra las cuentas de la UMEC por dicha cantidad, que era firmado por ambas procesadas y cobrado íntegramente por la primera, “disfrazando el ingreso de esa cantidad mensual como cobro de dietas”, según el fiscal.

Asimismo, la acusada supuestamente ordenó que el día de su cumpleaños se le ingresara la cantidad de 1.500 euros e incluso que la factura de reparación de su vehículo particular fuera abonada por la UMEC, ascendiendo a mil euros el importe.

Igualmente, la procesada presentó al cobro por la UMEC facturas emitidas por sociedades de las que era titular. Por ejemplo, según el fiscal, cobró una factura por muebles de segunda mano por 9.960 euros, emitida por una empresa de su propiedad; dos facturas emitidas por una sociedad, que es una comunidad de bienes de ambas acusadas por importe de 4.060 y 2.320 euros, y cuatro facturas emitidas por otra empresa, también propiedad de la expresidenta.

En relación a esta última sociedad, el fiscal destaca que siendo única socia la acusada, “el importe de 3.000 euros desembolsado para constituir la sociedad en noviembre de 2006 fue abonado mediante un cheque emitido por la UMEC el día anterior a constituirse la sociedad”.

Tarjeta de crédito

La acusada, como presidenta, era usuaria de una tarjeta de crédito de la UMEC, con la que supuestamente realizó gastos y extracciones, “sin justificación alguna”, que ascienden a 6.341 euros, “pese a que no se autorizara a la presidenta para obtener una tarjeta de crédito para extracción de dinero”.

En definitiva, el Ministerio Público detalla en su escrito inicial que debido a las “fraudulentas maniobras” resultó que en el año 2006 ambas acusadas “desviaron fondos de la UMEC” en una cantidad de 23.545 euros. En el año 2007 las cantidades desviadas al patrimonio de las acusadas ascienden a 75.795 euros. En relación al año 2007, hasta el 29 de marzo de 2007, fecha de cese de la secretaria, las diferencias desviadas ascienden a 48.554 euros. Y desde esa fecha hasta el 28 de septiembre de 2007, fecha de cese de la presidenta, las diferencias ascienden a 48.776 euros.

Cabe recordar que dicho juicio fue suspendido en mayo de 2014 después de que las defensas presentaron actas de las asambleas con la aprobación de cuentas de 2006 y 2007, con la valoración de “la posible ausencia de perjuicios”, por lo que la causa fue devuelta al Juzgado de Instrucción.