Exigen que se apliquen y cumplan las sanciones a los responsables del vertido de orujo

Esta es una vieja historia. El relato complejo de la eterna lucha en frágil equilibrio entre el desarrollo económico e industrial con el mantenimiento del medio ambiente. Pero la parte débil es siempre la segunda. Una flora y una fauna que sufren vertidos contaminantes -como los del lunes en el Guadalquivir- de una manera que no por silenciosa es menos dramática.

“Es cierto que en esta materia se ha mejorado en los últimos años y se han extremado las medidas de control y vigilancia, pero se siguen dando episodios de vertidos”, cuenta Diego Peinazo, de Ecologistas en Acción.

Este activista, experto en ríos y en el Guadalquivir, ya ha visto algunos de los cientos de peces muertos en el escape de El Carpio de esta semana llegar flotando aguas abajo hasta la capital. “El orujo contaminante no ha llegado hasta aquí, pero sí los cadáveres. Ha sido un desastre”, prosigue Peinazo.

El miembro de Ecologistas en Acción reconoce que estos episodios, sobre todo en el río más importante de Andalucía, el Guadalquivir, ya no son tan frecuentes como en años pasados, cuando en los ochenta y noventa apenas había controles. “Pero siguen ocurriendo, accidentales o voluntarios, en los afluentes”, prosigue.

Antes del episodio de el Carpio, un grupo de vecinos de Villa del Río denunció en enero un nuevo vertido de alpechín en el arroyo Salado, uno de los afluentes del Guadalquivir. Los vecinos, organizados, realizaron un trabajo de campo antes de poner la denuncia.

De esta forma, localizaron que la fuente del agua negra procedía de Lopera (Jaén), “ya que aguas arriba (dirección Porcuna) el estado y la claridad del agua del Salado era normal”, señalaron en declaraciones a este periódico. “Hemos notificado la situación y ya se están realizando las pertinentes comprobaciones, así que esperamos que llegue a buen puerto la mañana de trabajo”, precisaron.

En el caso de El Carpio, no ha trascendido el nombre de la empresa ni la identidad de los responsables, pero los servicios de la Consejería de Medio Ambiente ya han abierto un expediente sancionador. Otra cosa es, advierten fuentes de la propia Junta, que termine efectivamente en una multa. “Esperemos que así sea y, lo más importante, que se cumpla. Porque con el pago de esa sanción se logrará, al menos, resarcir económicamente el irreparable daño que ya han causado”, zanja Peinazo.