El exalcalde de Nueva Carteya es juzgado por prevaricación

El fiscal solicita la libre absolución al entender que no hay delito

“¿Me puede explicar por qué estamos aquí?”. La magistrada encargada de juzgar al exalcalde de Nueva Carteya, Antonio Ramírez, ha llegado a preguntarse varias veces en voz alta la esencia misma del proceso abierto al anterior regidor del municipio, acusado de prevaricación. Ramírez, del PSOE, gobernó Nueva Carteya entre 1999 y 2007. Cuatro meses antes de las elecciones municipales de ese último año fue denunciado por la oposición (IU) por prevaricación continuada por diferentes pagos realizados durante su mandato, pese a las advertencias legales de la intervención municipal.

Durante la vista de hoy, la jueza ha constatado, por boca del secretario del Ayuntamiento, que la práctica de adelantar pagos para obras subvencionadas antes de recibir las ayudas y de ser incluidas en los presupuestos municipales era una práctica habitual. Incluso cuando contaban con las objeciones del secretario interventor. Dicha práctica, además, se venía produciendo en las legislaciones anteriores a la del propio Ramírez. “Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí?”, reflexionaba en voz alta y claramente contrariada la magistrado.

La causa ha sido dos veces archivada en los juzgados de Cabra, donde se tramitó. Pero los recursos terminaron derivando el caso a la Audiencia Provincial. Pero tampoco el Ministerio Público ha hallado indicios de delito alguno. Aun así, la acusación particular, que representa al actual alcalde, Vicente Tapia, considera que su antecesor ordenó “multitud de pagos de créditos que ostentaban terceros contra el Ayuntamiento, sin estar previamente reconocidos ni existir consignación presupuestaria y haciendo caso omiso a los reiterados reparos del interventor municipal”.

Tanto la Fiscalía como la defensa de Ramírez señalan que, a pesar de que existían esas objeciones del secretario interventor municipal, se dio cuenta de los pagos en el Pleno municipal para que la oposición contase con la información. Asimismo, el secretario ha reconocido al fiscal que ninguno de esos pagos por adelantado que no contaban con su visto bueno inicial quedaron pendientes. Es decir, que cuando se recibió la ayuda pública, se procedió a incluirse en el presupuesto municipal para cuadrar las cuentas.