Los exadministradores de Pérez Giménez eluden su responsabilidad

La primera vista para determinar si se embargan sus bienes por valor de 23,5 millones de euros se celebra en el juzgado de lo Mercantil

En la sala del juzgado de lo Mercantil de Córdoba se ha desarrollado esta mañana la primera vista pública contra los exadministradores de hecho y de derecho de Laboratorios Pérez Giménez para determinar si se les imponen medias cautelares por el estado de ruina de la firma. Los actuales administradores concursales de la compañía farmacéutica solicitan al magistrado Fernando Caballero que imponga el embargo preventivo de los bienes de los imputados por valor de 23,5 millones de euros. Todo ello, para garantizar que, en caso de resultar declarados finalmente culpables, puedan abonar las cantidades que, según los administradores actuales, faltan de las cuentas del laboratorio. Más de un centenar de trabajadores llevan sin cobrar sus sueldos desde septiembre de 2012. Una veintena de ellos se concentró a las puertas del Juzgado, para ver cómo entraban los imputados.

En una vista eminentemente técnica y muy larga, los abogados de los antiguos responsables de la firma señalaron al unísono que no existen argumentos jurídicos para imponer el embargo de esa suma de dinero como medida cautelar. Todos pidieron que se desestime la solicitud.

Cada uno de los letrados, apoyándose en la jurisprudencia previa en asuntos similares y realizando un repaso de los hechos, descargó de responsabilidades a sus defendidos. La familia Pérez Giménez que fundó la compañía, y a la que piden el embargo de 8 millones de euros, entiende que la cantidad es excesiva y su letrado solicitó que, en caso de mantenerse la medida cauutelar, esta se rebaje a 2,5 millones de euros ya que no hay riesgo de que la familia no eluda su obligación de pagar en caso de que se les declare culpables.

El abogado de Guillermo Sada, exdirector general y al que se le piden 6 millones de euros, aseguró que los problemas de la compañía surgieron al pedirse una serie de créditos solicitados con posterioridad a que él dejase el cargo.

Le sucedieron al frente de Pérez Giménez los empresarios Jacinto Romeu y José Enrique Rosendo, que compraron los laboratorios por un euro, a cambio de que se hicieran cargo de la deuda de 49 millones que arrastraba la farmacéutica. La operación la hicieron bajo el nombre de la empresa Tecris. El letrado de Romeu dijo que esta firma, en sí, era la que tenía toda la responsabilidad y no la persona física de su defendido. El abogado de Rosendo, por su parte, dijo que a su defendido no le dio tiempo a hacer ninguna actividad dentro de Pérez Giménez pues estuvo poco más de un mes trabajando en ella.

A Romeu y a Rosendo les sustituyó como máximo responsable de la empresa el médico Sergio Martínez que se había convertido en el principal accionista de la firma después de que ésta se hiciese con la producción de un medicamento patentado por él. El abogado de Martínez acusó a Rosendo de gastar buena parte de una ampliación de capital que se logró gracias a la Junta de Andalucía, aunque el letrado reconoció que Martínez no estaba capacitado para dirigir la empresa, ya que es un facultativo.