Una encuesta pone en duda el apoyo de la sociedad a la cadena perpetua

La Asociación Pro Derechos Humanos constata en un estudio que la opinión a favor de la población, que sigue siendo mayoritaria, empieza a perder apoyo

Una encuesta realizada por la empresa Herodato y encargada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) en Córdoba pone en duda por vez primera el apoyo real en la sociedad a la cadena perpetua revisable. Así, según el informe presentado esta mañana, un 30,4% de la población española está en contra de la cadena perpetua revisable, aprobada precisamente hoy en el Congreso de los Diputados gracias a los votos de la mayoría absoluta del PP.

La encuesta ha sido realizada a nivel estatal, dispone de 405 entrevistas reales (muchos encuestados, aseguran los que la han realizado, fueron descartados al detectar que no contestaban a las preguntas y colgaban el teléfono rápidamente). Se trata del primer sondeo sobre el asunto que muestra cómo esta medida carcelaria va perdiendo apoyo en la sociedad. Así, el sí a la cadena perpetua en España cuenta ahora con un apoyo del 69,6% entre la sociedad.

La encuesta, realizada a nivel estatal por la Apdha, constata además que estas cifras salen cuando se pregunta por la Cadena Perpetua sin darle ningún otro tipo de información a la ciudadanía. En el momento que se introduce algún otro dato de valoración como por ejemplo el coste anual por preso (30.000 euros) las cifras suben siendo más de la mitad de la población española la que está en contra de esta opción. Por lo que desde Apdha, deducen que “cuanto más informada está la población más en contra está de la Cadena Perpetua Revisable impulsada por el gobierno del Partido Popular”.

Y es el desconocimiento de la realidad de las cárceles y del sistema penal otro de los datos que arroja el estudio presentado hoy. La población tiene una creencia errónea del porcentaje de delincuencia más grave, incrementando exponencialmente su porcentaje. El 27,1% de los encuestados desconocen el porcentaje de condenados por delitos de homicidio, asesinato o contra la libertad sexual. Entre los que indican un porcentaje, lo más frecuente ha sido que es superior al 25% de los condenados. Y atendiendo a la población acumulada, la mitad de la población opina que es superior al 10%. La realidad es que es mínimo, inferior al 2% del total. Se concluye que la sociedad desconoce el bajo porcentaje que representan los delitos más graves respecto al total de delitos. Solo un 12,5% acierta.

Más de la mitad de las personas opinan que la reincidencia en delitos de homicidio o asesinato y contra la libertad sexual respecto al resto de delitos es superior o muy superior. Solo el 4% conoce la realidad, que es que dicha reincidencia es muy inferior. El 89,8% desconoce por tanto este dato.

Existe desconocimiento de la estancia máxima posible en prisión. Solo el 7,3% de personas conocen que es posible la inexistencia de límite de cumplimiento (cadena perpetua de hecho) si se han cometido diversos delitos. Un ínfimo 4,8% señalan que el límite máximo es de 40 años, a lo que debe añadirse que un raquítico 2,3% más se acerca, un 1,9 % piensan que es de 31 a 39 y un 0,4% afirma que son 50 años. En definitiva, un escaso 7,1% acierta o se acerca en 10 años al límite máximo de condenas acumulables. Un 39,4% afirma no saber cuál es el número máximo de años.

La población tiene la sensación de que los presos se fugan con facilidad. Menos de la mitad de los entrevistados (40,5%) tenían una creencia en sintonía con la realidad (el índice de fuga es 0,51%), y un alto porcentaje (19,8%) manifestó desconocimiento. Existe un alto porcentaje acumulado de las personas que indican que es superior al 10%. A su vez, existe un alto porcentaje que manifiesta desconocimiento del estilo de vida en prisión. La opinión más frecuente ha sido que el porcentaje de personas encarceladas que disfruta de un tercer grado es superior al 25%, totalmente opuesto a la realidad. Solo un 6,5% se aproxima a la realidad (un 15% de presos disfrutan de tercer grado). De todo lo anterior se puede confirmar el desconocimiento de que España es el tercer país más seguro de la UE y tiene la segunda tasa de encarcelamiento de Europa. Esta situación determina la petición injustificada de mayores penas.

Otro dato relevante es que la ciudadanía considera injusta las penas del Código Penal establecidas para la baja delincuencia. Más de la mitad de los entrevistados cree que la condena más justa para un tirón de bolso en que la víctima cae al suelo sin causar lesiones es la de trabajos en beneficio de la comunidad (53,4%). Solo el 6,9% considera justa la pena de prisión del Código Penal de 2 a 5 años, lo que denota que la ciudadanía considera muy duras las penas impuestas en nuestro país para este tipo de delitos.

Al ser cuestionado por cómo debe actuar el Estado para resarcir a las víctimas de delitos graves los resultados son: proteger más su derecho a la intimidad (66,7%), conceder mayor apoyo económico (51,2%), conceder mayor apoyo psicológico y social (41,6%), otro tipo de ayuda un 4,3% y un escaso 2,3% que considera que el estado no puede hacer nada.