La Diputación lleva a la Fiscalía un informe sobre el Grupo Cinco

El informe sigue la senda de la denuncia que en su día interpuso el diputado provincial Carlos Baquerín y que llegó hasta el juzgado de Mercedes Alaya | Denuncia irregularidades en Adamuz, El Carpio, Pozoblanco, La Rambla, Montalbán y Villafranca

El pasado lunes, la presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, firmó un escrito dirigido a la Fiscalía Provincial de Córdoba en el que le instaba a investigar al Grupo Cinco, después de recibir un informe que encargó a la auditora Price Waterhouse Coopers y que concluye la existencia de posibles ilícitos penales. Esta mañana, el vicepresidente de la Diputación y número cuatro de la candidatura del PP por Córdoba a las elecciones del próximo domingo, Salvador Fuentes, ha informado del escrito y también del informe.

El documento sigue la senda de la denuncia que en su día interpuso el diputado provincial Carlos Baquerín y que llegó hasta el despacho de la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, que ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo investigase.

Según el escrito remitido por Ceballos a la Fiscalía, el informe encargado “recoge una serie de irregularidades en la planificación y posicionamiento de proyectos por parte del Grupo Cinco y localización de los mismos, así como procedimientos de contratación utilizados”, por lo que reclaman una investigación “en atención, fundamentalmente, a posible concurrencia de infracciones punibles penalmente”.

La Corporación Industrial Grupo Cinco Grupo es, según señala su propia web, una estructura de cinco sociedades, con mayoría de capital público, en la que se integran la Diputación Provincial de Córdoba como socio fundador, CajaSur y 41 ayuntamientos de la provincia (55% del total), vertebrándola en cinco zonas.

LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES

Los municipios y periodos a los que se contraen las citadas irregularidades, sin pretensión de exhaustividad, son según el escrito de Ceballos Villafranca de Córdoba (1996/2001), Adamuz (2004-2006), El Carpio (1999/2002), Pozoblanco (2004), Montalbán (2005) y La Rambla (2006).

Entre otros aspectos del informe se alude a la “contratación por parte de alcalde del Ayuntamiento de Villafranca de la elaboración de documentos técnicos a personas vinculadas familiarmente”, una “permuta de finca en Adamuz, con relación de parentesco con alcalde”, la “aprobación de posicionamiento de proyectos sin aprobación por el órgano de administración”, la “adjudicación a empresa de las obras de urbanización en Villafranca de Córdoba en las que se adjudican por la Junta de Compensación, con la circunstancia de que el administrador puede formar parte de la propia Junta de Compensación Adjudicadora”, “una similar circunstancia en suelo residencia La Vega de San Antonio (El Carpio)”, o la “ausencia de ofertas, o constancia documental de las mismas, en proyecto de construcción de naves en Polígono Industrial Dehesa Boyal en Pozoblanco”.

Además, también se observan irregularidades en la “aprobación de gasto y facturación (El Carpio) en concepto de honorarios profesionales sin constancia de tramitación procedimental alguna”, la “contratación y elaboración de plan parcial (Montalbán) concurriendo posible relación familiar durante el mandato del alcalde”, la “ausencia de análisis o estudio de mercado sobre localización óptima para ubicación de proyecto”, la “celebración de contratos de permuta entre propietarios y Cincosur (La Rambla) sin aprobación por los órganos de administración de la empresa”, o la “aprobación de gasto y facturación a proveedor sin constancia de contrato alguno”.

LA DENUNCIA DE BAQUERÍN

Baquerín denunció que desde su creación, hace 15 años, el control del grupo Cinco, pese a tener mayoría de capital público, ha escapado a los controles que se le exigen a las administraciones. “El que podemos denominar como Grupo o Corporación Industrial de la Diputación de Córdoba (mal llamado Grupo Cinco) está formado por al menos doce sociedades mercantiles capitalistas”, señaló en una moción, en poder de Alaya y de la Guardia Civil, y ahora de la Fiscalía, Carlos Baquerín.

“En la mayoría de ellas la participación de la Diputación es mayoritaria y por tanto son entidades que se pueden considerar pertenecientes al sector público local. En otras, las menos, la participación es minoritaria y se trata de sociedades privadas mixtas que se nutren de capital público y se benefician de influencias institucionales. En el primer caso, su razón de ser es muy discutible, su actividad absolutamente opaca y su control público inexistente. En el segundo caso, la justificación objetiva de la inversión realizada y su adecuación a las vigentes normas en materia de competencia, muy dudosas”, insistió en su escrito el diputado provincial.

“Algunas de las empresas vinculadas han estado en concurso de acreedores; otras han sufrido o sufren procesos de disolución o liquidación, o extraños cambios de domicilio; se han designado nuevos consejeros, se han vendido acciones, se ha confiado el control de legalidad de los consejos – gravísimo – a una entidad financiera o a particulares. Nada más allá sabemos. Nada sabemos tampoco oficialmente en este Pleno de las cuentas, del personal, de la plantilla de trabajadores, de las retribuciones de empleados, consejeros y presidenta, de la gerencia, de la financiación, del domicilio social efectivo, de la actividad cierta realizada, del contenido de sus estatutos, ni tampoco, por supuesto, de las adjudicaciones de obras y servicios”, señala Baquerín, en un documento que está incluido dentro del sumario dirigido por Mercedes Alaya.