La Diputación colaborará en las pesquisas de Alaya sobre el Grupo 5
El vicepresidente Salvador Fuentes afirma que facilitará a la jueza toda la documentación que requiera
La Diputación se mostró ayer abierta a colaborar con la jueza Mercedes Ayala quien en el sumario de la operación Enredadera, firma una orden dirigida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que se investigue una denuncia del diputado provincial de UCOR Carlos Baquerín sobre el Grupo Industrial Cinco de la Diputación de Córdoba. En su denuncia, Baquerín afirma que la Corporación Industrial Grupo Cinco Grupo es una especie de sociedad “fantasma” que ya funcionó bajo los gobiernos provinciales del PSOE y que ha seguido con los del PP. Según señala su propia web, Grupo Cinco es una estructura de cinco sociedades, con mayoría de capital público, en la que se integran la Diputación Provincial de Córdoba como socio fundador, CajaSur y 41 ayuntamientos de la provincia (55% del total), vertebrándola en cinco zonas.
Baquerín denuncia que desde su creación, hace 15 años, el control del grupo Cinco, pese a tener mayoría de capital público, ha escapado a los controles que se le exigen a las administraciones. “El que podemos denominar como Grupo o Corporación Industrial de la Diputación de Córdoba (mal llamado Grupo Cinco) está formado por al menos doce sociedades mercantiles capitalistas”, señala en la moción, en poder de Alaya y ahora de la Guardia Civil, Carlos Baquerín.
En cuanto a la estructura de la Corporación industrial, Baquerín denuncia que “se aprecian” irregularidades “en su estructura societaria y orgánica”, ya que “nunca se ha dado referencia del personal contratado, de los cargos de representación o de sus retribuciones”. Además, asegura que “no resulta claro que las encomiendas de gestión que la Diputación ha realizado en favor de sociedades del grupo para la realización de obras o servicios se ajusten a la legalidad”.
El concejal va más allá y asegura que “no parece” que en las distintas adjudicaciones de obras “a terceros” se “hayan preservado a lo largo de los años la necesaria transparencia y el mejor control de la legalidad”. También asegura que actualmente BBK Bank Cajasur ostenta la secretaría de algunas de las entidades en una situación que considera “demencial”. También destaca que “en varias compañías participadas no se detecta que su objeto social se relacione con una protección preferente del interés general ni del fomento de la economía local o regional, y resulta posible que se viole la normativa en materia de ayudas públicas y competencia”.
0