Detenidos dos cordobeses por apostar en partidos de tenis amañados

La Guardia Civil en el marco de la Operación Futures ha desmantelado una organización criminal especializada en la corrupción de eventos deportivos de tenis de las categorías Futures y Challenger. En este operativo, el instituto armado ha detenido a dos personas en Córdoba. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que los arrestados son dos personas que apostaban en partidos de tenis previamente amañados y a sabiendas de ello.

La operación se ha saldado con la detención de 34 personas, seis de ellos tenistas, en las provincias de Madrid, Sevilla, A Coruña, Pontevedra, Córdoba, Almería, Huelva, Cádiz, Barcelona, Cáceres, Badajoz y Ciudad Real. Entre los detenidos se encuentran los dos cabecillas de la organización asentados en Sevilla y A Coruña.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron la investigación tras recibirse una información de la TIU (Tenis Integrity Unit), organismo internacional encargado de velar por la integridad en el mundo del tenis, sobre un intento de corrupción en un evento deportivo.

Las primeras gestiones efectuadas permitieron saber que para el amaño de los diferentes partidos utilizaban la figura de un intermediario, un tenista que era el que mantenía el contacto directo con los tenistas a corromper para amañar los resultados y así obtener una cantidad proporcional a la apuesta.

A raíz del estudio de los datos obtenidos en la investigación resultantes de las apuestas han posibilitado acreditar la participación de esta organización en 17 eventos celebrados en Sevilla, Huelva, Tarragona, Madrid y Oporto, estando pendientes de recibir información por parte de uno de los principales medios de apuestas sobre si han sido corrompidos otros eventos sobre los que se tienen sospechas.

Corrompían tenistas que disputaban partidos nacionales e internacionales

El modus operandi de esta organización consistía en corromper a tenistas que disputaban partidos nacionales e internacionales sobre los que se podían efectuar apuestas deportivas on line, así obtenían un lucro con las mismas vulnerando por completo el concepto de azar, dado que el desarrollo de determinados aspectos del juego estaba previamente pactado y las apuestas estaban dirigidas en base a dicho pacto.

Para ello la organización contaba con un tenista intermediario, el cual tenía una relación de confianza con los tenistas a corromper, dado que ha competido con ellos y compartido entrenamientos. Esta persona, pocos días antes de los torneos a disputar forzaba su encuentro con ellos y les ofrecía cuantías concretas por amañar determinados aspectos del juego los cuales habitualmente consistían en la pérdida de determinados juegos bajo su servicio.

En los casos en los que el tenista intermediario no lograba corromper a los jugadores llegaba a ofertarles el doble o el triple de la comisión y en el caso de que no accedieran, intentaban corromperle alguno de los dos cabecillas del grupo.

Una vez que el tenista aceptaba el amaño, esta circunstancia era comunicada por el tenista intermediario a sus cabecillas, quienes, a través de una aplicación de mensajería instantánea creaban grupos de difusión para comunicar a personas de confianza y familiares posibilitando así el aumento de las ganancias generadas con las apuestas realizadas.

A partir de ese momento y con el fin de acreditar la corrupción llevada a cabo sobre los tenistas participantes en estos eventos sospechosos, se llevaron a cabo distintas medidas de investigación sobre ellos, así como sus declaraciones, que acabaron derivando en el efectivo reconocimiento de su corrupción en los eventos señalados, en la identificación de varios de los responsables de la organización encargada de corromperles y en el modus operandi utilizado, cuyo patrón se repetía en todos los eventos corrompidos.

Por estos hechos se les imputan delitos de estafa, corrupción entre particulares y pertenencia a organización criminal, estimando que hubieran podido obtener unas ganancias procedentes de los eventos corrompidos que superan el medio millón de euros.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Fraude Económico y Blanqueo de Capitales de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, contando con la participación de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda.