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Denuncian a la Unión de Consumidores de Córdoba por el uso irregular del logo de la Diputación

La reclamación, con el logo de Diputación.

Redacción Cordópolis

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Facua Córdoba ha denunciado a la Unión de Consumidores de Córdoba-Ucauce por usar el logotipo de la Diputación en reclamaciones remitidas a empresas desde la sede de la asociación en nombre de sus socios. Según ha señalado la organización en una nota, “el diseño de los escritos induce a creer que la entidad, dirigida por las propietarias de un despacho de abogados, está vinculada a un organismo público”.

Ucauce Córdoba está dirigida por las abogadas María Dolores Rivas e Isabel Palacios, propietarias de un bufete ubicado en el mismo edificio y la misma planta que la asociación. En 2008, tras una inspección de la Dirección General de Consumo de la Junta, la entidad se vio obligada a separar su sede de la del negocio, que compartían dentro del mismo inmueble.

En unas de las reclamaciones a las que ha tenido acceso Facuta Córdoba, Vodafone dirigió su respuesta al domicilio de Ucauce Córdoba pero indicando en el encabezamiento que el destinatario era “Diputación de Córdoba. Unión de Consumidores de Córdoba”.

Uso irregular

FACUA Córdoba ha puesto los hechos en conocimiento de la Diputación. El uso irregular de su logotipo para la tramitación de reclamaciones de sus socios tiene su origen en un convenio de colaboración que Ucauce Córdoba tuvo suscrito con la corporación provincial hasta mayo de 2018, por el que atendió puntos de información al consumidor en diez municipios de la provincia. El acuerdo se canceló como consecuencia de que la Unión de Consumidores de Andalucía y sus asociaciones provinciales fueron expulsadas de todos los órganos de participación y consulta de la Junta de Andalucía.

Pero las asociaciones firmantes de estos convenios no pueden usar la imagen de la Diputación para tramitar escritos de consumidores de otras localidades, como tampoco de la capital, práctica detectada en Ucauce Córdoba.

Se trata de convenios por los que la Diputación lleva años asumiendo, en colaboración con las asociaciones de consumidores, la labor de información y orientación a los usuarios en municipios cuyos ayuntamientos no disponen de oficinas municipales de información al consumidor. Es una potestad que otorga el artículo 22 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

A través de esos convenios, los Puntos de Información al Consumidor habilitados por la Diputación en distintos municipios vienen asumiendo también la función de recibir reclamaciones de los consumidores que residan en ellos y remitirlas a las entidades u órganos correspondientes, así como servir de cauce de mediación voluntaria en conflictos.

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