¿Cuánto debe el Consistorio por el aeropuerto?

El Gobierno, en respuesta al diputado socialista Antonio Hurtado, cifra en 13,8 millones la deuda municipal por expropiaciones| Fomento reconoce que la mayor parte de los terrenos no han podido ser inscritos en el registro porque los antiguos propietarios no los tenían inscritos a su nombre

Casi 14 millones de euros por la ampliación de una pista que ni tiene aviones ni visos de que los vaya a tener. El Gobierno ha cifrado en 13,8 millones la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Córdoba por las expropiaciones de los terrenos para la ampliación de las instalaciones del aeródromo cordobés, iniciadas en el año 2010. Así lo reconoce el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el diputado socialista, Antonio Hurtado, que desde hace meses reclama tanto al Gobierno central, como al Consistorio cordobés un impulso a unas instalaciones cerradas y cuyo coste total ha superado los 85 millones de euros y ya han sido objeto de 'reprimenda' por parte de la Unión Europea.

Junto a la cantidad que aún se debe por parte del Ayuntamiento, en virtud del acuerdo alcanzado en su día por el gobierno de Rosa Aguilar y Fomento, el Gobierno también ha respondido a las dudas de Hurtado en cuanto a la titularidad de los terrenos expropiados por AENA y que, en su día, fueron objeto de valoración por parte del Tribunal de Cuentas, que cuantificó en solo un 38% la superficie a nombre del organismo de gestión aeroportuaria.

En su respuesta, el ejecutivo de Rajoy reconoce que aún faltan por inscribir a su nombre 773.000 metros cuadrados y que esto se produce porque “en la mayoría de los casos no se ha podido registrar debido a que los anteriores propietarios no las tenían inscritas a su nombre (especialmente los terrenos en los que se encontraban las viviendas)”. Esto es, parcelaciones ilegales.“Estas fincas se inscribirán en su totalidad cuando se puedan resolver los problemas de reanudación del tracto, en coordinación con el Registro de la Propiedad”, reza la respuesta parlamentaria.

Junto a esto, la respuesta del Gobierno indica que otras fincas no se han podido inscribir porque el justiprecio que se fijó fue recurrido en los tribunales y se encuentra pendiente de fallo judicial.