Córdoba supera las 20.000 demandas de vivienda protegida

Una familia muestra las llaves de su vivienda protegida | MADERO CUBERO
CCOO califica de “frustrante y decepcionante el incumplimiento sistemático” de la Junta de la Ley Andaluza del Derecho a la Vivienda

Córdoba, según datos de la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, es la cuarta provincia andaluza en número de solicitudes de vivienda protegida a fecha de 30 de junio, con 20.405 solicitudes y 18.249 inscripciones. La mayor parte de estas solicitudes las hacen personas menores de 35 años (9.148), seguidas por las de entre 35 y 50 años (6.098) y solicitan, principalmente, viviendas en alquiler con opción a compra (12.453).

Familias monoparentales y personas con discapacidad son los solicitantes más numerosos, seguidos por familias numerosas y, en menor medida, otras con necesidad de una vivienda adaptada. Además, la renta de la mayoría de los solicitantes (10.092), no supera el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que para 2015 es de 6.390,13 euros anuales, es decir, 532,51 euros mensuales.

Ante esta situación, CCOO ha calificado de “frustrante y decepcionante el incumplimiento sistemático que el Gobierno andaluz hace de la Ley Andaluza del Derecho a la Vivienda”, al tiempo que ha catalogado como “decepcionante la omisión que hizo de la misma el nuevo titular de la Consejería de Vivienda en su primera comparecencia parlamentaria para explicar los ejes de actuación prioritarios del Gobierno en materia de vivienda e infraestructura”, según ha apuntado el sindicato a través de una nota de prensa.

El sindicato ha instado al Gobierno andaluz a desarrollar y a hacer cumplir la legislación existente, que desde el año 2010 obliga a la administración autonómica y a las locales a hacer efectivo el derecho a la vivienda de los andaluces. En este sentido, CCOO ha recordado que la Ley se dota de instrumentos como el Plan Autonómico de Vivienda y los Planes Municipales pero, en la actualidad, Andalucía no cuenta con un Plan Autonómico y solo 12 de los 777 municipios andaluces (1,5%) tienen sus planes aprobados.

Tampoco considera coherente la central sindical la falta de desarrollo de la garantía del esfuerzo de renta familiar para acceder a una vivienda tanto en propiedad como en alquiler, aspecto pionero y de marcado carácter progresista que contiene la Ley andaluza y que, según afirma CCOO “habría evitado y evitaría muchos desalojos en nuestra comunidad”.

Precisamente sobre este asunto el sindicato recuerda que los datos del INE recogen que Andalucía es la comunidad en la que más ejecuciones hipotecarias sobre viviendas se han llevado a cabo. La falta de medidas disuasorias en el Anteproyecto para fomentar que las entidades bancarias y financieras lleguen a acuerdos con las personas propietarias acreedoras, hace que no se rebaje el número y que se pueda, incluso, provocar un efecto llamada intensificando las prácticas lucrativas de bancos y entidades, señala el sindicato en la nota. Es muy probable, alerta CCOO, “que la especulación pueda mutar y articularse bajo el paraguas de esta Ley, que necesitará de recursos públicos, dándose la falsa imagen de que, con la colaboración pública de la Junta de Andalucía, se subvencionan los desahucios”.

Ante esta situación, CCOO reclama y exige al Gobierno andaluz que priorice en su agenda política la elaboración de un Plan Andaluz de Vivienda donde se articulen, más allá de medidas puntuales y aisladas con una actitud de “apagafuegos”, como la anunciada Ley de Retracto, actuaciones y medidas en materia de alquiler, de rehabilitación de viviendas y edificios y un sistema de ayudas públicas para garantizar el esfuerzo de renta familiar para acceder a una vivienda que sirvan para atender, desde una perspectiva integral y global, las necesidades reales de las familias andaluzas en el acceso, protección y garantía del derecho a la vivienda.

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