Convocan seis días de huelga en la prisión
Los sindicatos UGT, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), CCOO y CSIF han emplazado a los funcionarios de los centros penitenciarios de Andalucía a secundar este miércoles el primero de los seis días de huelga que se extenderán a este viernes y durante cuatro días de noviembre para protestar por su situación laboral.
Según han detallado en una nota, el motivo primigenio de la movilización es “instar al Gobierno al desbloqueo del conflicto laboral que desde hace más de un año hay con la administración penitenciaria”, a quien critican que el diálogo que iniciaron con el PSOE, “así como los actuales socios en la aprobación del Presupuesto --General del Estado--, mientras estaban en la oposición” y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores presupuestos “ha quedado truncado”.
Así, las entidades organizadoras del paro, cuya movilización se va a realizar en toda España, han convocado a los trabajadores de prisiones a una serie de jornadas de protesta que se reeditarán este viernes, y ya en noviembre, los días 6, 8, 13 y 15.
En el caso de Huelva, han precisado que este miércoles los empleados penitenciarios de la provincia se encadenarán a las puertas de la Subdelegación del Gobierno y que esto será la “antesala” de la manifestación que tendrá lugar en Sevilla este viernes coincidiendo con la celebración de Consejo de Ministros en dicha ciudad.
Esta movilización se realizará a las 11,30 horas, según han especificado los sindicatos, que no han precisado para el resto de provincias ninguna acción especial con motivo de la primera jornada de huelga que afectará a todos los centros de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
De esta forma, han exigido al Gobierno que “debe volver a la negociación” con la propuesta de reclasificación de centros y adecuar el salario de los empleados “a las reales cargas de trabajo”, y le han advertido que “sin personal suficiente la administración penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción --de los presos--”.
“Los trabajadores estamos indignados; entendemos que desde la administración se ha faltado al respeto a los empleados de las prisiones y es por ello que hemos convocado una serie de medidas de presión”. Así se han referido los sindicatos a la propuesta presentada por la administración penitenciaria el 25 de septiembre que “fue retirada tres día después bajo el argumento de restricción presupuestaria” y que, según argumentan, suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021.
También han censurado los “abusivos servicios mínimos” que tienen que cubrir ya que “impiden un desarrollo normalizado del derecho de huelga”, algo que han explicado que sucede porque, a su juicio, para la administración penitenciaria “los empleados públicos penitenciarios son los últimos”.
Por último, han ensalzado su “profesionalidad” con hechos que afectaron a la seguridad en referencia a la detención del llamado 'frente carcelario de Daesh', desmantelado por las Fuerzas de Seguridad del Estado, “gracias a los datos aportados por funcionarios de prisiones durante muchos meses de trabajo”, y han defendido ser un referente a la hora de su reconocimiento público.
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