El Constitucional abre la puerta a la municipalización de la ayuda a domicilio

El Tribunal Constitucional acaba de abrir la puerta para la municipalización del servicio de ayuda a domicilio en Córdoba, que ha sido, seguramente, el gran caballo de batalla que ha tensionado en este mandato al equipo de gobierno del Ayuntamiento. Una sentencia del alto tribunal español anula dos preceptos de los últimos presupuestos del Gobierno de Rajoy y rechaza que la subrogación de trabajadores incremente el gasto público como defendió la Abogacía del Estado. Con esta anulación, los ayuntamientos tienen vía libre para rescatar servicios públicos entregados a empresas privadas. E incluso a municipalizar servicios que nunca lo fueron, como la ayuda a domicilio.

Los actuales presupuestos generales del Estado legislaron, en una disposición adicional, sobre las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público, una medida que trataba de evitar, según el Gobierno, incrementar el gasto en las arcas de las administraciones. Pero el Tribunal Constitucional, tras admitir el recurso presentado por 50 diputados del grupo confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, acaba de declarar inconstitucionales dos preceptos, lo que da un apoyo jurídico al rescate o remunicipalizaciones de servicios para los ayuntamientos.

La sentencia, con fecha del 31 de octubre, se pronuncia sobre dos preceptos, que declara inconstitucionales. Por un lado la disposición vigésimo sexta de los últimos presupuestos elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy (junio de 2017) -que aborda las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público-; y por otro, sobre el apartado dos de la disposición adicional trigésimo cuarta sobre exigencias a las administraciones públicas y a las entidades del sector público.

En el fallo, declara la inconstitucionalidad de ambos porque, como argumenta el pleno del tribunal a lo largo de la sentencia, ambas materias no cumplen la regla de que la “conexión sea directa, inmediata y querida por la norma”. Es decir, el Gobierno legisló a través de los presupuestos generales sobre materias que pasaban los límites de lo que el Constitucional entiende que se puede incluir en la norma presupuestaria.

La Abogacía del Estado había defendido que el rescate de un servicio podría incrementar el gasto público con la subrogación de los trabajadores de las concesionarias y, por ello, los preceptos incluidos en la Ley de Presupuestos “trataban de evitar la generación de un gasto de personal por 'asunción'” de esos empleados.

Sin embargo, el Constitucional advierte que “lo cierto es que los trabajadores serán retribuidos por la Administración pública en cualquier caso”, ya que, como han explicado fuentes jurídicas, tanto sea un servicio público como concesionado, la administración pública pagaría a sus trabajadores de forma directa o indirecta (con el canon por el servicio).

La municipalización del servicio de ayuda a domicilio ha sido la gran exigencia de la agrupación de electores de Ganemos Córdoba para aprobar los presupuestos de PSOE e IU. De hecho, la negociación de las cuentas de 2017 se atascó precisamente porque Ganemos reclamaba un compromiso explícito al cogobierno para que iniciara el proceso de municipalización de este servicio. El PSOE nunca fue demasiado favorable. IU, sí. Pero tan tenso fue el proceso que hasta se achacó la dimisión de su concejal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo, a la falta de un compromiso expreso para que se lograra la municipalización de este servicio, que sí que se estaba haciendo en otros ayuntamientos del país.

A día de hoy, la municipalización durante este mandato es imposible. El equipo de gobierno constituyó una comisión para decidir qué hacía. Esta comisión, a su vez, encargó una auditoría externa para poder tomar una decisión. Mientras, se cumplió la prórroga de la prórroga del contrato en vigor, muy denunciado por Ganemos e IU al considerar que con dinero público se estaba explotando laboralmente a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. El cogobierno decidió aprobar un pliego para que el servicio no se suspendiera mientras decidía si municipalizaba o no. El exconcejal de IU insistió en que el pliego fuese de solo un año, pero finalmente se impuso el criterio socialista de que fuese un año prorrogable a otro más. Finalmente, la contratación se ha retrasado tanto que aún en el plazo más optimista es imposible que este cogobierno encargue la municipalización del servicio.

Las adjudicatarias

El Ayuntamiento decidió dividir en dos lotes el servicio de ayuda a domicilio (el que supone un mayor desembolso de todos los que ejecuta el Ayuntamiento anualmente en una sola partida). El primero de los dos ha sido adjudicado a la empresa Servisar Servicios Sociales S. L., que se ha comprometido a mantener a más de un 85% del personal que actualmente presta el servicio con contrato indefinido y el 100% de las actuaciones ya previstas.

Esta empresa licitó un servicio por el que le pagará 13,43 euros la hora a las trabajadoras. También, incrementará el servicio con ocho camas articuladas, cuatro grúas con arnés, 24 sillas de ducha y 80 elevadores de water frente al mínimo establecido en el pliego de condiciones.

El segundo lote ha sido adjudicado a la empresa Macrosad S. C. A. Esta firma también garantiza la contratación del 85% de las trabajadoras actuales y pagará una media de 13,39 euros la hora, según consta en el documento de la mesa de contratación. Las mejoras presentadas sobre ayudas técnicas para la limpieza y desplazamiento de las mismas a los domicilios, con el compromiso de llevarlas al 20% de los domicilios donde se realicen las limpiezas.

La importancia de estos contratos es notable. Solo para un año, el Ayuntamiento espera destinar 14,3 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio, en el que se calcula que desempeñan su labor un millar de trabajadoras.