Los bancos iniciaron 850 procesos de desahucio en Córdoba en 2014

Concentración de Stop Desahucios ante la Subdelegación del Gobierno | ÁLVARO CARMONA
La mayoría de los expedientes de ejecución hipotecaria iniciados el año pasado fueron en viviendas de segunda mano

Los bancos iniciaron un total de 850 expedientes de ejecución hipotecaria de viviendas en la provincia de Córdoba durante el año 2014, según acaba de informar el Instituto Nacional de Estadística. Estos expedientes son el primer paso para un proceso de desahucio. El banco avisa al propietario que no ha cumplido con los pagos de la hipoteca e inicia los trámites previstos en la ley, que en muchos casos culminan con el desahucio de la familia y con que la propiedad pase a manos de la entidad financiera que concedió el préstamo hipotecario.

El INE precisa que la mayoría de las viviendas en las que se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria son de segunda mano. Así, de las 850 viviendas bajo amenaza de desahucio 638 son usadas y 212 de nuevas construcción.

La ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca.

En España, el número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el cuarto trimestre de 2014 es de 30.677, lo que supone un 32,0% más que el tercer trimestre de 2014 y un 4,4% menos que en el mismo trimestre de 2013.

Las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el cuarto trimestre son Andalucía (8.137), Cataluña (5.112) y Comunitat Valenciana (4.739). Por su parte, País Vasco (128), Comunidad Foral de Navarra (150) y La Rioja (153) registran el menor número.

De las 30.677 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre el total de fincas este trimestre, el 59,4% corresponde a ejecuciones hipotecarias de viviendas.

Andalucía (4.698), Cataluña (3.387) y Comunitat Valenciana (2.943) registran el mayor número de ejecuciones sobre viviendas, y País Vasco (68), La Rioja (64) y Comunidad Foral de Navarra (90), los menores.

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