La Audiencia Nacional concluye el caso 'Madeja' y manda a juicio a dos cordobeses

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha terminado la instrucción de la operación 'Madeja' y propone sentar en el banquillo de los acusados a 66 personas implicadas en el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una organización criminal que tendría como centro la empresa Fitonovo. Entre ellos está el cordobés José Enrique Finch, acusado de recibir sobornos millonarios para conceder contratos en ADIF a esta empresa sevillana. También se incluye al exjefe de Carreteras de la Diputación, Antonio Gabriel Martínez López, al que se acusa de cuatro delitos por introducir a Fitonovo en la institución provincial presuntamente a cambio de regalos.

En cinco autos separados el juez determina que esta empresa creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares y en la que intermediaron funcionarios de la administración pública. Los procesados crearon además una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa, para entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

La operación se compone de cinco piezas, la primera relativa a Delegaciones Territoriales y Administraciones Locales I, en la que el juez propone juzgar a doce personas por los delitos de cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos por las actividades de Fitonovo con funcionarios públicos y proveedores de la Diputación de Sevilla, Jaén, Córdoba y el Ayuntamiento de La Carolina, además de técnicos del Ministerio de Fomento.

Según apunta el juez en su auto, los doce procesados se habrían beneficiado de comisiones ilícitas por valor de 254.089 euros para lo cual modificaron el contenido de las facturas no solo alterando “la verdad de una operación real” sino incluso reflejando unas intervenciones que no habrían tenido lugar así como servicios que no se llegaron a prestar.

Amaños en Algeciras

El juez procesa a nueve personas en la segunda pieza por los mismos delitos cometidos en el Ayuntamiento de Algeciras. En esta pieza separada, De la Mata apunta al delegado de Contratación y Urbanismo del Consistorio, Diego Jesús Sánchez Rull, por su intervención en el concurso “fraudulento” de 2010 para la construcción del Polideportivo El Calvario de la ciudad que le valió el cobro de comisiones.

En la tercera pieza se procesan a quince personas por los mismos delitos cometidos en el Ayuntamiento de Sevilla. El exconcejal de Izquierda Unida en el Consistorio José Manuel García; el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, y Antonio Miguel Ruiz Carmona recibieron un total de 115.00 euros de Fitonovo para Izquierda Unida a cambio de las adjudicaciones de los expedientes relativos a 11 campos de fútbol de la localidad.

Los también acusados Domingo Enrique Castaño y el exconcejal socialista Manuel Gómez Lobo consiguieron a cambio de un “permanente trato de favor” a Fitonovo que ésta asumieron el pago de las obras que se hicieron en la Agrupación Local Macarena del PSOE.

Un millón en sobornos

Otra de las piezas que ahora pasa al trámite de procedimiento abreviado es la relativa a ADIF, en la que el juez propone sentar en el banquillo a otras quince personas por las actividades que la empresa Fitonovo llevó a a cabo con distintas autoridades, funcionarios públicos y proveedores relacionados con el ente público.

La empresa de la trama tuvo una importante facturación con ADIF destacando la del 2008 que coincide con un macro contrato por la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad. Como recompensa ordenaron el pago al entonces gerente de mantenimiento en Córdoba Enrique José Finch Ramos, de 1.035.609 euros entre los años 2003 y 2012 “en concepto de dádivas por su conducta de favorecimiento”.

Adjudicaciones como “impuesto revolucionario”

En la quinta y última pieza denominada 'Administraciones Autonómicas e Insulares', De la Mata procede contra 13 personas por delitos de prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos en Canarias, Extremadura y Andalucía.

Los implicados en la trama reciben pagos que oscilan entre los 2.000 y los 24.000 euros en calidad de “impuesto revolucionario” por la adjudicación de contratos. En otros casos las compensaciones no eran solo económicas sino que consistían en regalos como el pago de un viaje de placer por importe de cerca de 16 millones de euros a otro de los procesados.