¿La amnistía del parcelista?

“Es un ejercicio de realismo”. La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, avaló con esta frase la que para muchos expertos en urbanismo y las asociaciones ecologistas está considerada como “la amnistía del parcelista”. El martes, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un decreto por el que de una tacada se podrán legalizar unas 250.000 viviendas construidas en los últimos 35 años en la región al margen de la ley.

“El decreto supone un ejercicio para adaptar la realidad física a la jurídica”, resumió la consejera. En otras palabras, tras casi cuatro décadas de un urbanismo desatado, Andalucía no tiene medios económicos suficientes ni capacidad legal (el delito de construcción irregular prescribe a los cuatro años de poner el último ladrillo) para borrar del mapa las aproximadamente 300.000 casas que han aflorado de forma descontrolada en este tiempo. Pero, ahora sí que puede “legalizar o reconocer”, estos son los términos usados por la consejera, el 90% de las casas levantadas sobre suelos no urbanizables y que sus propietarios o los ayuntamientos puedan dotarlas de unas infraestructuras mínimas para hacerlas habitables: luz, agua, alcantarillado, calles, alumbrado, servicio de recogida de basuras… Es decir, para legalizarlas.

Pero, ¿se trata de una amnistía para, al menos, el 90% de los parcelistas andaluces? Si no lo es, como niega una y otra vez la consejera, se le parece bastante. Eso es lo que piensan expertos en urbanismo, organizaciones ecologistas y la formación verde Equo, que en marzo aspira a entrar en el Parlamento andaluz.

“En Andalucía no es necesario cumplir, pues luego vendrá la Administración pública para resolver el problema”, denuncian tanto WWF como Ecologistas en Acción en un comunicado hecho público el mismo día de la aprobación del decreto y titulado “Contra la amnistía del urbanismo ilegal”. “Este decreto supone la renuncia definitiva de la Junta a la ordenación del territorio y a la disciplina urbanística ¿Para qué quiere competencias que luego renuncia a aplicar?”, se preguntan los ecologistas.

El ex director general de Medio Ambiente de la Junta y hoy impulsor y militante de Equo, José Larios, ve un “agravio comparativo” para los ciudadanos que sí han cumplido con la ley y asegura que se fomenta “la cultura de la impunidad” con esta norma.

“Esto no es más que el reconocimiento de que el urbanismo salvaje nos ha ganado la partida y estamos en un punto de no retorno”. El urbanista Rafael Obrero fue uno de los primeros profesionales que intentó reconducir el fenómeno del parcelismo en Córdoba, en el año 2001, y considera que el decreto aprobado por la Junta debería ser “una ley de punto y final”, algo que niega la consejera. “La norma debería estar acompañada de algo más de mano dura”, echa de menos Obrero, que considera que el objetivo final tendría que ser el de “agilizar el proceso” para que en el momento en el que se detecte una construcción ilegal actúe la justicia y sea demolida. “No puede ser que un expediente dure hasta cuatro años”, reflexiona, lo mismo que el tiempo que tarda en prescribir el delito.

Pero, ¿en qué consiste el decreto?

El complejo lenguaje burocrático de la Junta pivota sobre dos conceptos: legalizar y reconocer. El decreto permite “legalizar” viviendas levantadas sobre suelo no urbanizable pero que no gozaban de una especial protección. Esto significa, “y en función de sus circunstancias físicas y jurídicas particulares”, según clamaba la consejera, que aquellas casas irregulares construidas fuera de zonas de riesgo o lejos de lugares protegidos podrán contar con licencias de ocupación muy parecidas a los residentes en cualquier vivienda del casco urbano. El concepto “reconocer” se usará para aquellas construcciones que se quedan al margen, pero cuyo delito ya haya prescrito. Se reconoce, por tanto, la existencia de esa casa, se permite su inscripción en el Registro de la Propiedad y se concede su acceso a servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento.

¿Cuántas viviendas irregulares se podrán adaptar a la Ley?

La estimación global de la Consejería habla de unas 250.000 a ojo de buen cubero sobre un total de entre 300.000 y 350.000. No existen censos concretos, más allá de estudios localidad por localidad o los que la propia Consejería desarrolló en la comarca almeriense del Almanzora (12.000 casas) o en la Axarquía malagueña (11.000). Pero no son los casos más extremos. Algunos estudios colocan a Chiclana como el municipio líder en el ránking de viviendas irregulares: unas 15.000, según la Junta. En la provincia gaditana, el censo alcanza las 40.000 casas fuera de ordenación. Otros puntos calientes son la ciudad de Córdoba (con unas 9.000 viviendas irregulares), la Sierra Norte de Sevilla (sólo en Castilblanco se localizan unas 1.200), la Sierra de Aracena en Huelva o el interior de la provincia de Granada. En 2012, raro es el pueblo andaluz que no tiene en su término municipal varias casas construidas irregularmente.

¿Cómo se aplica el decreto?

Las competencias en ordenación del territorio son autonómicas pero su aplicación es municipal. Por tanto, los propietarios que quieran legalizar su casa tienen que dirigirse a su ayuntamiento. “El decreto le pone tareas a los ayuntamientos”, asegura el urbanista Rafael Obrero. Y así es: los consistorios tendrán que encargar censos de su término municipal e impulsar los planes de urbanización necesarios.

¿Quién paga?

El parcelista, siempre. El propietario es el que se tendrá que hacer cargo de todos los costes de urbanización y legalización de su vivienda. Eso sí, hay dos sistemas de pago: cooperación y compensación. El sistema de cooperación incluye a los ayuntamientos, que adelantan el dinero que posteriormente tendrán que cobrar a los vecinos. El de compensación es directo y es el dueño el que tiene que afrontar ‘a pulmón’ los costes.

¿Y las compensaciones?

La legalización no es gratis. A cambio de desarrollar los nuevos planes de urbanización, los ayuntamientos recibirán suelos para equipamientos o zonas verdes. Pero para ello es necesario culminar el proceso urbanístico.

¿Qué viviendas que no se podrán legalizar?

Aquellas construidas en zonas inundables (el caso de las más cercanas al río Guadalquivir en Córdoba o próximas a la costa), en zonas declaradas Bien de Interés Cultural (también otro caso en Córdoba, como las parcelaciones en el entorno del yacimiento de Medina Azahara) y en zonas ambientalmente protegidas.

¿Qué pasa con las viviendas que no se pueden regularizar ni legalizar?

Aparentemente, nada. Aquellas que hayan sido construidas hace más de cuatro años podrán seguir en pie, ya que ningún juez puede ordenar su demolición. Las posteriores, serán pasto de la piqueta. Eso sí, si sus vecinos quieren mejorar la “salubridad” de su vivienda pueden desarrollar un Plan de Mejora del Medio Rural pero sabrán que nunca, nunca podrán tener una casa legalizada. El Plan de Mejora del Medio Rural prevé una especie de régimen de autoabastecimiento, aunque también posibilita a estos parcelistas a acceder a los sistemas generales de agua o luz si pasan cerca de sus propiedades.