Los alcaldes aprenden a aplicar la reforma de la administración local

La Junta organiza en Córdoba una jornada sobre la aplicación de la Ley con la que pretende aclarar las dudas de los ayuntamientos acerca de esta normativa que el Gobierno andaluz recurrirá en el Tribunal Constitucional

Más de 100 personas, entre alcaldes, concejales, secretarios, interventores, técnicos y empleados municipales y de otras administraciones de la provincia de Córdoba, han participado hoy en la jornada formativa organizada por la Junta para abordar la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013. El objetivo responde a las demandas de información planteadas por los ayuntamientos sobre el impacto de esta normativa que el Gobierno andaluz recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

En la presentación de las jornadas, la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, el representante de la Oficina de la Vicepresidencia, Pedro García, y el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, han reiterado que la Junta rechaza esta Ley porque atenta contra el modelo de autonomía local recogido en el Estatuto y menoscaba los servicios públicos que ofrecen los municipios y mancomunidades.

La delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, ha manifestado en su intervención, que la Junta rechaza esta norma porque atenta contra el modelo de autonomía local recogido en el Estatuto y menoscaba los servicios públicos que ofrecen los municipios y mancomunidades.

Como ha explicado la delegada, la futura Ley “ataca el corazón” de la autonomía municipal, pone en serio riesgo ese componente de cercanía y proximidad que tienen los ayuntamientos con los ciudadanos, como administración que es la referencia de los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba.

Ambrosio ha señalado que “han sido muchos años durante el periodo democrático en los que los ayuntamientos han tenido que trabajar, a veces en condiciones muy duras con escasos recursos, anteponiendo siempre los intereses generales de sus vecinos y buscando una mayor autonomía municipal en beneficio de los ciudadanos”.

Las jornadas pretenden aclarar las dudas que tienen los empleados y responsables municipales, especialmente, en los temas de financiación, competencias y de personal. Según ha explicado la delegada del Gobierno, “la Ley va a suponer la pérdida de competencias de los ayuntamientos en educación, salud y servicios sociales y va a suponer la pérdida de más de 3.700 empleos, precisamente en este último apartado”. En la provincia de Córdoba, 67 municipios menores de 20.000 habitantes se verán afectados por esta Ley de Reforma Local. Asimismo, los 47 municipios de menos de 5.000 habitantes, quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.

Ambrosio ha alertado de la desaparición, “impuesta por la Ley de Reforma Local”, de 30 oficinas municipales de información al consumidor que atienden a más de 666.000 personas y de 16 centros municipales de información a las mujeres. Asimismo ha explicado que siete de las 10 mancomunidades de la provincia tendrán que reformar sus estatutos al peder las competencias de desarrollo económico, formación y empleo, y de las competencias en los ámbitos de los servicios sanitarios, educativos o de la atención a la dependencia que pasaría a recaer en la Diputación.

Por su parte, el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, ha señalado que la Ley de Reforma Local ‘ha sembrado la incertidumbre y la inseguridad jurídica en los ayuntamientos’, ya que ‘hay tantas interpretaciones de esta norma como interventores y secretarios hay en Andalucía’, en referencia a los que otorgan prioridad a la aplicación de la Ley de Reforma Local y a los que, por el contrario, consideran de rango superior la legislación andaluza y sectorial.

‘Mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre los recursos contra esta ley, los ayuntamientos tienen que abrir cada mañana y lo hacen en una situación de inseguridad que perjudica a las instituciones locales’, ha puntualizado Camacho. Además, el director general ha anunciado que en la reunión que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le solicitará que establezca una moratoria en la aplicación de la Ley de Reforma Local.

También ha afirmado que desde la Junta de Andalucía se va a mantener una posición política, administrativa y jurídica de rechazo, una postura que también comparten Cataluña, Asturias y Canarias. ‘Ayuntamientos y consorcios resultarán perjudicados y, de forma especial, las mancomunidades que tendrán que aprobar sus nuevos estatutos antes del 30 de junio al serles retiradas las competencias de formación y empleo o deberán disolverse’, ha apuntado Camacho.