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El alcalde de Lucena afirma que el archivo judicial inhabilita al edil que denunció

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, en una rueda de prensa.

Redacción Cordópolis

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El alcalde de Lucena (PSOE), Juan Pérez, y la concejal de Fiestas, la también socialista María del Mar Morales, han opinado este martes que el edil no adscrito Vicente Dalda ha quedado “inhabilitado” para ejercer la política local después que haber denunciado la supuesta comisión por ambos de un delito de prevaricación en la contratación de conciertos para la Feria de 2017, dando lugar a una investigación judicial que ahora ha archivado definitivamente la Audiencia de Córdoba, que no ve delito.

Según ha informado el PSOE lucentino, Pérez y Morales han señalado que dicho archivo judicial, que previamente decretó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Lucena y que ahora ha confirmado la Audiencia, desestimando el recurso de Dalda al archivo inicial, evidencia que ha sido “fallida” la estrategia puesta en marcha por la “denuncia irresponsable” que, inicialmente, hizo el PP de forma pública, a la vez que “todos los grupos se subieron al carro para desprestigiar al equipo de gobierno socialista”, mientras que Dalda acudía a los tribunales.

Sin embargo, según ha resaltado Pérez, “la Audiencia Provincial ha señalado la ausencia de elementos objetivos del delito de prevaricación administrativa que se nos pretendía imputar por Vicente Dalda”, hasta el punto de que la Audiencia ha llegado a calificar los argumentos esgrimidos por el concejal de la oposición como “elucubraciones que en modo alguno pueden desvirtuar el sobreseimiento” de la causa, acordado inicialmente por el mencionado juzgado lucentino.

Para el también secretario general del PSOE de Lucena, el pronunciamiento de la Audiencia “viene a echar por tierra la estrategia de la que han participado, de una manera u otra, todos los partidos políticos de la oposición”, después de una primera rueda de prensa del PP, que fue “incendiaria” y en la que los populares, denunciaron lo ocurrido como “el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en Lucena”.

Juan Pérez ha asegurado que aquella primera denuncia pública por el popular Francisco Huertas la hizo “sin contrastar y ni tan siquiera hablar con la concejal de Fiestas, para aclarar las posibles dudas derivadas de una de las partes de la documentación que manejaron”, y dio paso así, “no solo a la denuncia en el juzgado” de Dalda, sino también a la constitución de una comisión de investigación y a la reprobación por el Pleno, tanto del alcalde como de la propia titular de Fiestas.

El alcalde socialista ha añadido que el tiempo le ha acabado dando “la razón”, cuando “hace ya año y medio” dijo que “en este tema Paco Huertas había actuado como juez y Vicente Dalda como abogado defensor del PP”, puesto que ha quedado claro que “el concejal no adscrito es el brazo ejecutor de una estrategia que ahora ha quedado desmontada por la justicia y por la verdad”.

Por su parte, María del Mar Morales ha dicho que está valorando la posibilidad de presentar una querella por calumnias contra los diferentes concejales de otras formaciones que se han pronunciado contra ella en este asunto, pues “han sido muchos los plenos y ruedas de prensa en las que se han expresado con rotundidad acusándome de unos delitos, pero sin pronunciamiento alguno de la justicia”, y por eso considera “injusta” la situación que ha vivido desde 2017, con “repercusiones que van más allá de la vida política de cada uno de nosotros”.

Ello la ha llevado a pedir que “no lo hagan más, que no se escuden en su labor fiscalizadora como oposición para actuar de esta manera”, porque “esto no es hacer política que vele por los intereses de la ciudad, sino un comportamiento ruin del que ahora se pueden retractar, como mínimo pidiendo disculpas”.

Morales ha señalado también la “irresponsabilidad” del PP y del resto de grupos de la oposición en este tema, pues “ahora dirán que el denunciante fue Dalda”, cuando resulta que “acordaron todos ellos el envío al juez de las conclusiones de la comisión de investigación que ellos montaron y dirigieron”.

“¿Si el resultado de la investigación judicial hubiera sido otro, no estarían aquí todos esos grupos poniéndose la medalla?”, se ha preguntado por último la concejal socialista, quien ha dicho que esperará a “conocer qué reacción tienen ahora los grupos políticos ante este auto de la Audiencia Provincial antes de decidir poner o no la querella por calumnias”.

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