El alcalde lanza a un “SOS” al Gobierno para que le permita usar el superávit

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con 22 millones de euros de superávit y “hace más de dos meses y medio que se decretó el estado de alarma y los ayuntamientos, como el de Córdoba, han lanzado ya un ”SOS“ a la administración del Estado, porque necesitamos financiación, que permitan usar los 22 millones de euros”.

En una rueda de prensa junto al consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, el regidor ha subrayado que “hay necesidades de reactivación económica, sociales y servicios públicos que todos los días sufren pérdidas por la pandemia”, así como “vecinos que lo pasan mal y tenemos un recurso de 22 millones de euros para utilizar”, ha defendido, destacando a tal efecto la solicitud de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de la que “no se sabe nada”.

Según ha expuesto, “si no dan soluciones financieras, el panorama es muy duro para los vecinos y la financiación local”, al tiempo que ha valorado “el compromiso” de la Junta en este caso para “defender esta posición, que es de todos los municipios de España, más allá de colores”.

Mientras, ha comentado que “la situación económica y financiera del Consistorio es bastante buena”, aunque “en la liquidación de 2019 se ha incumplido la regla de gasto”, ante “la absoluta falta de ejecución de los últimos años que ha hecho que cada vez se estreche más el camino por el que se podía transitar”, ha indicado, precisando que “se va empezar a redactar un plan económico-financiero”, sin entrar en “una política de recortes sin sentido, cuando la ejecución es normal y se ha puesto al día a organismos que estaban paralizados”.

La Junta dice que el gasto por el Covid-19 supera 900 millones

Por su parte, El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha informado este lunes de que el gasto por el Covid-19 en la administración andaluza supera los 900 millones de euros, al tiempo que ha pedido que el Gobierno permita a los ayuntamientos usar el superávit del que disponen, así como a las comunidades autónomas de los recursos con los que también cuentan en este aspecto y otros pendientes de abonar por parte del Estado, como el pago del IVA de 2017.

En una rueda de prensa en Córdoba, el consejero ha explicado que “se hizo una primera aproximación, que era de 350 millones de euros, que se quedó muy superada, pero si se habla del gasto sanitario, a día de hoy van algo más de 900 millones de euros, entre comprometido y abonado”.

No obstante, ha indicado que “cuando alguien habla del Covid, los gastos no son solamente sanitarios, sino de adecuar las infraestructuras, de indemnizaciones”, a la vez que “en este tiempo desde la Junta se ha acordado no hacer ningún ERTE y se han intentado mantener todos los contratos como se prometió”, de modo que “son gastos que también deberían ser Covid”, ha apostillado, para remarcar que el presidente, Juanma Moreno, ha avanzado que “el montante global, no puramente en gasto sanitario, podría representar unos 1.800 millones de euros”.

Al hilo, ha comentado que “en los sistemas que se han sacado de liquidez se han activado hasta 700 millones de euros para los autónomos y las pymes”, entre otras medidas, de forma que “el Gobierno de España tiene que entender que hay una caída importante de ingresos y también hay gastos que han compartido las comunidades y los ayuntamientos”.

Tras la reunión en la que han analizado el tema de la financiación de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, Bravo ha avisado que “ahora se pasa un virus sanitario, pero después viene un virús económico, en el que las comunidades, las diputaciones y los ayuntamientos tienen la enorme responsabilidad de saber dar respuesta”.

En cuanto a la reivindicación del IVA de 2017, con más de 530 millones de euros pendientes que adeuda el Ejecutivo, ha señalado que “la Junta ha esperado todo el año 2019 para ver si en algún momento se producía la reconsideración del Gobierno” y “se han hecho requirimientos para ver si se llegaba al acuerdo, pero han dicho que no”, por lo que “se ha activado la vía del Contencioso-Administrativo”.

En opinión de Juan Bravo, “ésta no debería ser la vía, porque si el dinero es de las comunidades, lo más lógico es llegar a acuerdos”, pero “ante la negativa reiterada y continuada no deja otra vía”. A su juicio, “todo es con imposición”, al tiempo que ha preguntado “qué va a pasar con los presupuestos de los años 2021 y 2022, donde las comunidades autónomas van a tener mayores gastos”. “Los ciudadanos piden tener respuestas”, ha aclarado.

Igualmente, sobre la financiación autonómica, el consejero ha declarado que la que hoy es ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera en dicho departamento en la Junta de Andalucía “decía que hacían falta 4.000 millones de euros más” para la región, pero “al mes de asumir la competencia del Ministerio decidió que la financiación autonómica ya no era un tema esencial”, ha lamentado.

En este punto, ha recordado que “en 2019 no hubo ni una sola reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)”, a la vez que “Andalucía está infrafinanciada, igual que Valencia y Murcia”. Para Bravo, “es tremendamente injusto”, de ahí que haya reclamado “abrir el debate de la financiación autonómica” con “diálogo y consenso” y “no poner por delante los intereses partidistas”.