Alaya deja en libertad con cargos a Antonio Fernández

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El exdelegado de Empleo en Córdoba se acogió a su derecho a no declarar, siguiendo el ejemplo de la también detenida en Córdoba, María José Lara

El exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Fernández, ha comparecido esta tarde noche ante la juez Alaya por su presunta implicación el fraude que investiga la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla en los cursos de formación financiados a cargo de la Consejería de Empleo y por el que han sido detenidas casi una veintena de personas, la mayor parte exaltos cargos de la Administración regional, y en la que participan agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Fuentes judiciales señalaron que, a última hora de la tarde, Antonio Fernández habría abandonado el juzgado en libertad con cargos y que éste, al igual que hiciera ayer la exdirectora general de Formación de la Junta y exconcejala en el Ayuntamiento de Lucena, María José Lara, se habría acogido a su derecho a no declarar ni responder a las preguntas de la juez.

Tanto Antonio Fernández, como María José Lara, han sido imputados anteriormente por la Justicia. En la actualidad, Fernández está imputado en Córdoba por el caso de las Unidades Territoriales de Empleo. Por su parte, Lara fue juzgada en 2010 por su supuesta implicación en el amaño de unas oposiciones en el Ayuntamiento de Lucena.

Las actuales indagaciones se concentran en esclarecer diferentes conductas, presuntamente delictivas, relacionadas con los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Esta operación nace de un registro que la Guardia Civil llevó a cabo en la Dirección General de Formación hace meses. También se sustenta en los distintos informes elaborados por la Cámara de Cuentas y las ocho intervenciones generales de fondos en las ocho provincias andaluzas.

Las fuentes detallan que el operativo se desarrolla en la que es la primera línea de investigación surgida tras los registros y la toma de declaraciones en la sede de la Dirección General de Empleo. Se sospecha que pudo existir falsedad documental a la hora de justificar y certificar los gastos en muchos de los cursos de formación.Es decir, lo que era justificaciones puntuales para que las empresas no fuesen sancionadas y pudiesen seguir optando a las subvenciones para cursos de formación se convirtió en algo habitual.

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