Acusan al policía de paisano agredido de iniciar la discusión y niegan un atentado contra la autoridad

La familia y la defensa de los dos jóvenes detenidos por un supuesto delito de atentado contra la autoridad al haber, presuntamente, agredido a un policía nacional de paisano han negado los hechos y han acusado al agente de haber iniciado una discusión que acabó en una “reyerta vecinal”. De hecho, niegan que se trata de un atentado contra la autoridad, como así ha sido denunciado por el sindicato policial UFP a través de una nota de prensa.

La familia, defendida por el abogado Jesús Francisco Fernández Díez, quien actúa como su portavoz, asegura que la nota de prensa ha “vulnerado” la presunción de inocencia de los encausados y ha asegurado que sus representados “padecen una discapacidad de retraso mental diagnosticada por los organismos correspondientes y ratificada por el médico forense que ha realizado su estudio”.

Así, el abogado relata que los dos jóvenes detenidos “son vecinos del agente y amigos de la infancia”. A las 10:45 de este jueves, estos dos jóvenes paseaban con una sobrina de nueve años por la parte trasera de la barriada de la Sagrada Familia cuando “fueron increpados por el agente vestido de paisano porque, supuestamente, uno de mis defendidos, con retraso mental, orinó sobre la ropa tendida de los padres del policía”. Siempre según el relato del abogado, “éste, al encontrarse con ellos, les recriminó tales hechos y les insultó, produciéndose una agresión por parte del agente y que mis defendidos, en legítima defensa, repelieron la agresión, produciéndose heridas en unos y otros, tratándose de una reyerta vecinal y no de un atentado contra la autoridad”.

“El denunciante, haciendo uso y abuso de su condición de policía nacional, llamó a sus compañeros para que detuvieran a mis representados, acusándoles de atentado a la autoridad, habiendo estado detenidos, discapacitados, más de 24 horas”, lamenta el abogado. Al parecer, al arrestar a los jóvenes la niña de nueve años se habría quedado sola, según relatan otras fuentes familiares.

La familia quiere dejar constancia de su “respeto, consideración y admiración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por la labor que día tras día realizan en beneficio de la sociedad, que en ningún momento se ha producido ninguna agresión contra dicho agente, cuestión esta que quedará probada en el juicio que se celebre al efecto”, según afirma el comunicado. “La culpabilidad o no de los encausados se verá en juicio, así como las correspondientes demandas que se interpondrán contra el denunciante, rogando encarecidamente que no se ensucie el nombre de la familia y que se tenga siempre presente el principio fundamental de la presunción de inocencia, máxime cuando se trata de personas discapacitadas psíquicas, cuestión esta que conoce sobradamente el denunciante”, concluye.