Acepta 23 meses de cárcel el director de un banco acusado de quedarse con 600.000 euros

La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba ha condenado tras un acuerdo a una pena de 23 meses de cárcel al director de una sucursal bancaria de la localidad cordobesa de Almedinilla, que estaba acusado de un delito continuado de apropiación indebida en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, tras supuestamente quedarse con más de 600.000 euros de clientes, siendo la mayoría de ellos personas de edad avanzada.

Según han informado fuentes judiciales, el hombre, además de aceptar los 23 meses de prisión, ha sido condenado al pago de una multa de 1.350 euros y una indemnización de 120.000 euros para la entidad bancaria, todo ello tras la conformidad entre las partes. La Fiscalía había pedido inicialmente una pena de cinco años y seis meses de cárcel.

En concreto, la calificación del Ministerio Público recoge que el procesado, de 59 años de edad y que carece de antecedentes penales, fue director de la sucursal desde enero de 1990 a abril de 2013, cuando fue cesado, y casi todos los clientes tenían “muy buena relación” con él, incluso “casi familiar”.

Sin embargo, desde 2010 hasta 2013, “guiado por el ánimo de enriquecimiento ilícito ajeno”, se aprovechó de su cargo como director para presuntamente extraer de la cuenta bancaria de varios de los clientes de la entidad diversas cantidades de dinero, utilizando para ello distintos mecanismos.

Como ejemplo, el fiscal cita que supuestamente constituyó unos seguros de ahorro “inexistentes”, valiéndose para ello de “unos documentos que ya no se comercializaban” y que cuatro clientes creyeron en su veracidad. Así, el acusado “no anotó en la contabilidad del banco” dichos depósitos, ni tampoco quedaron registrados en el sistema de la entidad, de modo que los importes “los incorporó a su patrimonio, con el perjuicio para los clientes”, entre otras acciones que presuntamente realizó.

Los titulares de las cuentas, muchos de ellos de edad avanzada, acudieron a la entidad tras percatarse de los hechos y formalizaron su reclamación, reintegrándoles la entidad todas las cantidades, al tiempo que denunciaron los hechos en el cuartel de la Guardia Civil.

Mientras, el procesado cesó como director el 11 de abril de 2013, a la vez que encargaron una auditoría, donde se revelaron los hechos cometidos, de forma que en mayo de dicho año el representante de la entidad también denunció los hechos.

Tras ello, los agentes de la Benemérita se personaron en la casa del acusado en Almedinilla, donde entraron con su consentimiento y “voluntariamente les entregó dos folios escritos a mano en los que constaban las operaciones ilícitas”, a la vez que manifestó a los agentes que “el resto de documentación la había destruido”, según relata el fiscal.

Al respecto, destaca que tanto en las dependencias policiales, como en las judiciales, reconoció los hechos. La entidad reclamaba las cantidades que tuvo que reintegrar a los clientes como consecuencia de la actuación del procesado. Además de los años de prisión, el Ministerio Público solicitaba que se le impusiera una multa de 6.600 euros.