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Unos 40 militantes del SAT se relevan en la ocupación de la finca Somonte

Miembros del SAT que han ocupado Somonte este agosto | SAT

Redacción Cordópolis

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Unos 40 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se relevan en la ocupación de la finca pública Somonte, en Palma del Río (Córdoba), en la que entraron el lunes a primera hora de la mañana después de que fuera desalojada hace más de 70 días, de manera que ya van siete ocupaciones desde 2012.

Según han informado a Europa Press desde el SAT, los militantes llevan a cabo “una rotación”, mientras que entre unas diez y 15 personas se encuentran en la finca “de manera permanente”, donde se realizan labores para adecentar el cortijo.

Y es que, “hay bastante tarea en limpieza tras estar más de dos meses cerrado”, según han apuntado desde el sindicato, al tiempo que han indicado que alimentan a los animales que hay en la finca y en cuanto puedan, empezarán a labrar la tierra, “porque hace falta”.

Mientras, han relatado que hasta el momento ha habido varias visitas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para “tener un control de quién entra y sale, pero sin problemas, y no ha habido orden de desalojo”.

Los integrantes del SAT piden que se reúna la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, con ellos para “buscar una solución a Somonte, porque no puede ser que después de siete años se siga en las mismas”, de modo que quieren “una legalidad, que cumpla una función social y que sirva para dar mano de obra en la comarca, y no para terratenientes que no fomentan la riqueza de la clase trabajadora necesitada”.

Desde el SAT han detallado que un total de 71 días después del último desalojo, se vuelve a ocupar Somonte, la finca que fue puesta en venta por la Junta de Andalucía y que fue ocupada hace siete años “precisamente para evitar su paso a manos privadas”.

Tres años de siembra

El sindicato ha reivindicado que llevan tres años seguidos sembrando y cosechando las 400 hectáreas, “pero solo cultivos de secano, cereales sobre todo, que sin las ayudas de la PAC es lo comido por lo servido”, ha matizado el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, quien ha explicado que no quieren la propiedad: “Nuestro objetivo es que la tierra cumpla una función social, queremos que siga siendo pública, pero que nos la cedan para poder explotarla y dar trabajo”.

Con esa cesión de uso, el portavoz nacional del SAT ha manifestado que “se podría invertir en regadío y sembrar cultivos sociales ecológicos, que necesitan mucha mano de obra y darían muchas peonadas en la comarca, mitigando los altos índices de desempleo”.

Siete años y cinco meses después de la primera ocupación de la finca, de la que han sido desalojados por la Guardia Civil, al menos seis veces, el SAT ha vuelto a Somonte con la misma filosofía: “la tierra es un bien de la naturaleza, y por tanto no debería ser una mercancía que se compra y se vende, sino un medio común y público para dar trabajo y cuidar el medio ambiente”.

En concreto, unos 500 jornaleros y afiliados del SAT ocuparon la citada finca inicialmente en marzo de 2012, con el objetivo de ocupar las tierras de forma permanente para reivindicar que pasen a manos de trabajadores y cultivarlas, en vez de que pasen a “manos de terratenientes y especuladores”.

Al poco de ocuparla fue desalojada sin incidentes, pero de nuevo fue ocupada a las horas con más jornaleros que llegaron desde diversos puntos de Andalucía, y así hasta siete veces ya con la de este lunes.

Jornaleros absueltos

Cabe recordar, igualmente, que ocho miembros del SAT fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las ocupaciones, a la vez que el juzgado también absolvió a principios de 2018 a otras 48 personas denunciadas por la ocupación de la finca pública de Somonte.

El juez absolvió a los procesados en base a que “el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia, porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales”, prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según apuntaron fuentes judiciales.

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