Servicio Público y Privatización

¿Qué es mejor, la gestión pública o privada de los servicios que prestan las distintas Administraciones Públicas? No he podido evitar plantearme esta pregunta en reiteradas ocasiones a lo largo de la última semana, sobre todo a raíz de las distintas noticias que recogían la posible entrada de capital privado en la empresa municipal SADECO. Sinceramente, no tengo una respuesta unánime ya que, parafraseando al filósofo patrio Ortega y Gasset, “yo soy yo y mis circunstancias”. No piensen ustedes que pretendo eludir la cuestión, todo lo contrario, voy a entrar de pleno en ella ya que, como desgranaré a lo largo del presente artículo, con la que está cayendo, estoy harto y cansado de tanta demagogia.

El concepto de servicio público no ha sido siempre tal como hoy lo conocemos. A lo largo de su evolución histórica, ha experimentado una progresión extensiva en su significado, integrando paulatinamente en él un elenco de actividades cada vez más amplio. A modo de resumen, podemos indicar que, hasta el siglo XVIII, el Estado apenas prestaba servicios públicos, salvo algunos de carácter social y asistencial. Esta circunstancia cambió durante la siguiente centuria ya que la Administración asume como propios aquellos servicios de carácter esencial donde la actividad privada no actuaba. Por último, ya en el siglo XX, el concepto de servicio público vuelve a engrosar pues la Administración opta por prestar todo tipo de servicios, no sólo los de carácter esencial, pudiendo incluso concurrir con la iniciativa privada en el mismo sector de actividad. Así pues, aclarado este extremo, tal como recogen los distintos estudios y trabajos en la materia, podemos definir actualmente el servicio público como aquella prestación realizada por la Administración Pública, ya sea directamente, ya mediante terceros. Por tanto, el hecho de que sea una entidad privada la que preste el servicio no implica que éste deje de ser público. Varía la forma de gestión, que pasaría de directa a indirecta pero, aun así, la Administración continúa manteniendo un importante control sobre el servicio, pudiendo, llegado el caso, incluso rescatar la gestión. Así pues, aunque sea generalmente utilizada, resulta poco afortunado el empleo de la expresión “privatización” para hacer referencia a la gestión indirecta ya que la coordinación, seguimiento y control del servicio sigue bajo responsabilidad pública.

Delimitado el objeto de esta reflexión que hoy comparto con ustedes, procede la siguiente pregunta: ¿Puede ser rentable un servicio público? Antes de responder, he de aclarar que, en mi opinión, un servicio público, a diferencia de lo que sucede en el ámbito privado, no ha de tener como finalidad esencial su rentabilidad y sí la consecución del interés general aunque éste no puede servir de pretexto para justificar un despilfarro de recursos humanos y económicos pues las Administraciones Públicas no sólo operan bajo el principio de eficacia, sino también bajo el de eficiencia. Es decir, no sólo basta con lograr los objetivos, sino que hay que alcanzarlos empleando los mínimos recursos disponibles.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, vuelvo a plantearme las interrogantes que ya he adelantado: ¿Qué es mejor, la gestión pública o privada de los servicios que prestan las distintas Administraciones Públicas?; ¿Puede ser rentable un servicio público? Mi respuesta es que sí, que un servicio público puede ser rentable y que la gestión pública puede ser mejor que la privada pero, con la actual configuración, ambas premisas difícilmente coexistirán en la inmensa mayoría de Administraciones y, sobre todo, de las entidades instrumentales sometidas a Derecho Privado, las cuales presentan unos mecanismos de control bastante más laxos. ¿Legitima, pues, la caótica organización del Sector Público la sustitución de la gestión directa por indirecta?; En mi opinión, no siempre. La gestión indirecta, sobre todo en la prestación de servicios básicos, sólo ha de tener lugar cuando se logre con ella mejorar la calidad del servicio, optimizar la organización y los recursos y poner punto final al despilfarro. Si estos objetivos se logran con la gestión directa, prefiero ésta ya que, como he referido con anterioridad, la rentabilidad no es el único factor a tener en cuenta en la actuación administrativa.

Por último, centrándonos en el caso de SADECO, quiero expresar mi hastío respecto a ciertos debates que deberían estar superados aunque, desgraciadamente, la demagogia y el sentimentalismo ideológico lo eviten. Con independencia y más allá de las causas que pueden motivar la entrada de capital privado en la aludida empresa municipal, no puedo evitar cierta crispación cuando leo o escucho algunas declaraciones políticas sobre este asunto. IU y PSOE, que se alzan como firmes defensores de la gestión pública directa, parecen olvidar las fórmulas que han empleado allá donde han gobernado. La Diputación de Córdoba, durante mandato socialista, optó por gestionar la recogida y tratamiento de residuos en la provincia mediante una empresa pública, EPREMASA, la cual, a su vez, tiene concedidos la mayor parte de sus servicios a sociedades mercantiles pertenecientes a grandes multinacionales. Por otra parte, durante los años de gobierno de IU al frente del Ayuntamiento de Córdoba, llegado el momento de organizar la gestión de las distintas instalaciones deportivas municipales, se consideró conveniente ceder éstas a entidades deportivas privadas en lugar de gestionarlas de forma directa. Asimismo, al constituir MERCACORDOBA, también se optó por la entrada de capital privado madrileño para la prestación de este servicio municipal, creando con tal fin una sociedad de economía mixta. Por tanto, al igual que comencé el presente artículo, lo termino también con una pregunta: ¿Por qué los principales partidos de la oposición municipal critican al PP por proponer la gestión indirecta de SADECO si ellos mismos, cuando han tenido responsabilidades de gobierno, han empleado está fórmula en el mismo u otros servicios?